El decreto con medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Ucrania amenaza al Gobierno con tener que contar voto a voto una vez más. Mientras los problemas con sus socios habituales no paran de crecer a causa del espionaje a dirigentes independentistas con el programa Pegasus, el PP se mantiene a la expectativa y lo hará hasta el final. “Hasta el mismo jueves hay tiempo para decidir qué hacemos”, recalcan fuentes populares sin desvelar el sentido de su voto, que podría ser clave para convalidar o tumbar el decreto.
Como publicó este diario, el PP lleva días debatiéndose entre la abstención y el no. Distintos dirigentes populares en el Congreso y el Senado reconocen que es difícil ver un voto en contra, sobre todo por la medida estrella que contiene el texto y que sirvió para calmar a transportistas y familias hace semanas: la bajada en el precio de los carburantes.
Pero, al mismo tiempo, en la dirección nacional el malestar ha ido en aumento los pasados días por la negativa del Gobierno a incorporar alguna medida del plan económico que Alberto Núñez Feijóo envió a la Moncloa el viernes pasado. Tanto Cuca Gamarra como Javier Maroto insistieron este martes desde las dos Cámaras: “¿Tan difícil es que alguna de nuestras propuestas se pueda llevar a cabo?”, espetó el portavoz en el Senado al presidente del Gobierno.
El hecho de que el Ejecutivo no se haya pronunciado como tal (sólo en intervenciones públicas o entrevistas en medios de comunicación) y tampoco haya pedido explícitamente su apoyo al PP ha hecho al primer partido de la oposición plantearse seriamente qué hacer. Y si hace unas semanas parecía imposible plantearse un voto distinto a la abstención (o el sí en caso de que Sánchez aceptara alguna propuesta fiscal del PP), los populares consideran ahora que el desgaste no sería tan grande. Ciudadanos se encontraba en la misma situación e Inés Arrimadas ya ha desvelado que sus nueve diputados votarán en contra.
El partido naranja critica al Ejecutivo su “soberbia” y la negativa a contar con alguna de sus ideas y, por eso, Arrimadas ya está situada en el no. Con Vox no hay ninguna duda. Los de Santiago Abascal también se opondrán.
La cuestión es que el voto del PP podría convertirse en una pieza imprescindible en función de lo que hagan los socios del Gobierno, que tampoco aclaran su postura. Los independentistas de ERC también están tensando la cuerda por el caso Pegasus y dejan claro que no seguirán dando un apoyo ciego al Gobierno si no se depuran responsabilidades.
La iniciativa de Meritxell Batet para rebajar la mayoría necesaria y permitir que se constituya la comisión de secretos oficiales con todos los partidos (incluidos ERC o EH Bildu) para que la directora del CNI dé explicaciones en sede parlamentaria no basta a los republicanos. Todo ello a pesar del “escándalo” que PP, Ciudadanos y Vox denuncian por la decisión de la presidenta del Congreso, reclamando que mantenga el sistema actual (según la resolución de 2004 por la que cada diputado propuesto debe alcanzar los 210 votos para acceder al selecto club en el que se habla de los secretos del Estado).
El Gobierno considera difícil que sus socios y el propio PP dejen caer el decreto. Pero los números son los que son. Si ERC y Bildu deciden abstenerse, un voto en contra de los populares confirmaría el fracaso del Ejecutivo. Necesita que el principal grupo de la oposición se abstenga, o en caso de que vote no asegurar el sí de los independentistas. Un encaje de bolillos que recuerda otros momentos críticos como fue la reforma laboral.
En el PP, conscientes de esta debilidad, insisten en que apurarán hasta el último momento para decidir, a la espera también de que el Gobierno decida si hace un gesto hacia su plan económico o aumenta las cesiones con sus socios.
