El ‘Catalangate’ ha vuelto las miradas sobre Citizen Lab, un “laboratorio interdisciplinar” basado en la Escuela Munk para Asuntos Globales y Política Pública de la Universidad de Toronto, en Canadá. Con el foco puesto en denunciar y combatir los abusos de la alta tecnología contra los derechos humanos que realizan tanto el sector privado como actores estatales, su trabajo ha sido fundamental en los últimos años para revelar casos de ciberespionaje, censura, uso de spyware comercial y otros abusos.
Citizen Lab fue fundado en 2001 por el profesor de ciencias políticas y filósofo Ronald Deibert. Entonces profesor de relaciones internacionales en el campus canadiense, fue contactado por la Fundación Ford para ver si estaría interesado en un proyecto de tecnología de la información y la seguridad global. Ofreció como proyecto el Lab, planteándolo como “contraespionaje a favor de la sociedad civil global”, y lo puso en marcha dentro de la Universidad con la beca inicial de la Fundación Ford de 250.000 dólares.
El laboratorio se declara “independiente de intereses gubernamentales o corporativos” y ha recibido también fondos de, entre otros, las fundaciones Open Society de George Soros, la Fundación Hewlett, el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá y el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional canadiense.
Actualmente el Lab tiene 25 investigadores a tiempo completo, expertos que, como recordaba Deibert en una entrevista en enero con AP, “podrían ganar cinco o seis veces más en el sector privado”. También cuenta con cerca de media docena de asociados y “fellows”. Entre estos últimos se cuenta Elies Campo Cid, que redactó el informe del ‘Catalangate’.
Evolución e hitos
El primer gran proyecto de Citizen Lab nació en 2003, estudiando cómo los resultados de búsquedas online variaban según países. Aquello alumbró una alianza con Harvard y se volvió OpenNet Initiative, que publicaba informes anuales sobre censura en más de 30 países. Con el tiempo, el trabajo del laboratorio fue virando para concentrarse más en la sociedad civil y en la exposición de corporaciones que venden software a regímenes represivos.
Sus pormenorizadas investigaciones y detallados análisis han producido un goteo constante de revelaciones. En 2008, por ejemplo, Citizen Lab denunció que China estaba espiando a usuarios de Skype, buscando en las conversaciones asuntos conflictivos para el régimen de Pekín como Taiwán o Falun Gong. En 2009 sacó a la luz GhostNet, una operación de ciberespionaje chino que se desarrolló en 103 países para seguir al Dalai Lama y al exilio tibetano. En 2015 revelaron ataques sistemáticos que llevaban produciéndose desde 2008 en países de la Alianza Bolivariana para América a opositores y medios de comunicación independientes. Y en 2016 también expusieron la censura china en WeChat.
En 2016 Citizen Lab reveló que Pegasus, el programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group que está en el centro del escándalo del ‘Catalangate’, se estaba aprovechando de vulnerabilidades en productos de Apple. Un año después expuso también el espionaje con Pegasus de periodistas, abogados y miembros de la sociedad civil en México. Y en 2018 presentó “con alta confianza” conclusiones de que el polémico programa infectó el teléfono de un disidente saudí en Canadá, una operación que se atribuyó a Arabia Saudí y que se cree que pudo servir para espiar a Jamal Kashoggi, el periodista cuyo asesinato se cree que autorizó el príncipe Mohamed Bin Salman. En diciembre del año pasado denunciaron que representantes de Emiratos Árabes Unidos instalaron el programa en el teléfono de la esposa de Khashoggi meses antes del asesinato.
El trabajo del laboratorio, que también explora vulnerabilidades en herramientas tecnológicas y recientemente expuso las de algunas aplicaciones relacionadas con Covid, ha sido influyente y también aplaudido.
Citizen Lab, por ejemplo, colaboró con Facebook (ahora Meta) para investigar el espionaje con Pegasus de 1.400 usuarios de Whatsapp que se detectó en 2019. En aquella investigación aparecieron entre los afectados políticos catalanes de partidos independentistas. Facebook (ahora Meta) demandó a NSO. También ha demandado al fabricante de Pegasus Apple, y en su anuncio de la demanda, en diciembre del año pasado, la compañía de Cupertino elogió a Citizen Lab.
