Los abogados de Colau piden el archivo de la causa de las subvenciones

Los abogados de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han solicitado al juez que investiga las subvenciones a entidades afines el archivo de la causa ante "la ausencia de irregularidades" y "la corrección en la tramitación administrativa de los expedientes", así como por "la absoluta falta de intervención directa o indirecta" en los mismos de la edila más que en el acto final de aprobación, adoptados por "unanimidad" en la comisión de gobierno. Los letrados subrayan en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, que los documentos incorporados y las declaraciones "acreditan", sin necesidad de la práctica de otras diligencias de investigación, que los hechos "no son constitutivos de delito alguno".

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona citó a declarar a Colau como imputada el pasado 4 de marzo, después de admitir la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en la que denunciaba las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a diversas entidades afines, entre ellas el Observatori DESC – la alcaldesa trabajó antes de entrar en la política-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que era portavoz y cabeza visible-, Alianza contra la Pobreza Energética o Enginyers Sense Fronteres.

La solicitud de archivo argumenta que tanto la documentación aportada como la declaración de la alcaldesa, que negó haber dado instrucciones para favorecer a ninguna entidad, y, sobre todo, la de la interventora delegada del ayuntamiento, Carmen Torres, corroboran que "estamos ante hechos que no tienen relevancia penal". La comparecencia de esta última y el contenido de los expedientes administrativos cuestionados permiten "concluir", según los abogados, que "la disposición de los fondos públicos" concretados en estas subvenciones "ha venido presidida" por la "sucesión de actos administrativos tendentes al control" de ese dinero y a su "correcto" destino. Esa función la desempeñó, inciden, la gerencia del área de derechos sociales, cumpliéndose la normativa sobre el control económico y la gestión de los fondos públicos.

El interés público de las ayudas

Los letrados califican la declaración de la interventora de "amplia, detallada, rigurosa y profesionalmente solvente" y, en su opinión, "viene a pulverizar" todas las "conclusiones incriminatorias" recogidas en la querella y escritos posteriores de la Asociación para la Transparencia. Así detallan que la funcionaria explicó al juez que los expedientes de estas subvenciones "cumplían con la legalidad presupuestaria y financiera", a la vez que precisó que los mismos cuentan con un informe de la gerencia del área de servicios sociales en el que se justificaba la "excepcionalidad" de otorgar esas subvenciones de forma directa, como el interés público y que la entidad solicitante es la única que puede llevar a cabo esta labor.

La petición de sobreseimiento destaca también que las "observaciones" que realizó la interventora sobre algunas de estas subvenciones (debía figurar como nominativa en el presupuesto municipal y sobre la posibilidad de que gastos de personal pudieran tener naturaleza contractual) no tienen carácter "suspensivo", "ni son una advertencia de ilegalidad", tal y como aclaró la testigo. La interventora negó que estas observaciones "revelasen la concurrencia de un delito".

Delegación en las gerencias

En el escrito se remarca que Colau negó haber beneficiado a las entidades y que recordó que al llegar al Ayuntamiento de Barcelona eliminó la facultad ejercida por alcaldes anteriores de otorgar directamente las subvenciones, pidiendo que esta facultad se delegase en las distintas gerencias. "No existe en la causa, ni se ha practicado ningún medio de prueba que contradiga lo manifestado por nuestra representada, sino todo lo contrario; sus manifestaciones se han visto refrendadas por la instrucción practicada".

Los abogados también ponen de relieve que "existe una identidad casi absoluta" entre la querella y la denuncia que se presentó antes en la fiscalía por otra entidad (el caso fue archivado). Y añaden que "se han ido implementando algunas propuestas de mejora" realizadas por la intervención municipal, "como nominar las subvenciones" en los presupuestos o la "conveniencia" de recurrir a expedientes de concurrencia competitiva.

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