El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

El TSJC ha explicado este lunes que ha requerido al 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que "dicte las instrucciones y establezca garantías de control" para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban al menos el 25% de horas de clase en castellano. El tribunal ha tomado esta decisión tras la petición que hizo la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para forzar la ejecución de la sentencia a la que, vista la interlocutoria, reconoce la legitimidad. No ha reconocido el tribunal la legitimidad a Vox y a varios diputados del Parlament, que también requirieron la ejecución forzosa.

Así, en su resolución, el tribunal ordena a Cambray que "en un máximo de 15 días dicte las instrucciones y establezca garantías de control" para que a "todos los alumnos" se les imparta, de manera "efectiva e inmediata", enseñanza mediante "el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

Asignatura troncal

Apunta el tribunal que esta orden incluirá "como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo". Ello significa que además de la asignatura de lengua castellana, los colegios deberán impartir otra asignatura en castellano y esta deberá ser troncal. En primaria, las troncales, al margen de las lenguas, son Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas. En la ESO son Matemáticas, Física y Química y Geogragía e Historia. Y reclama al Departament d'Educació que informe al tribunal cuando ya se estén ejecutando las medidas y del grado de cumplimiento de las mismas.

En la interlocutoria, el tribunal especifica que la sentencia "reconoce la libertad" de la Generalitat para "determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales". Advierte de que lo que importa es "el resultado" y que lo que se condena es la "inactividad en el dictado de instrucciones". Así, concluye que "la elección del medio para garantizar el resultado establecido en la sentencia es facultad de la Generalitat, pero lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional".

No solo se dirige a Educació el TSJC. También a la Alta Inspección Educativa, organismo dependiente del Ministerio de Educación, al que requiere que verifique el cumplimiento de la sentencia e informe al tribunal.

"Una escuela nueva"

Desde AEB han acogido con "emoción" la decisión del tribunal. La presidenta de la entidad, Ana Losada, ha subrayado que este requerimiento es "el final de un largo camino, de casi tres décadas de vulneración de derechos lingüísticos" y ha valorado que ahora Cataluña tendrá "una escuela nueva". "Vamos a tener una escuela de todos los catalanes, donde se van a respetar los derechos de todos los alumnos, que podrán estudiar en catalán y castellano. Es un cambio muy grande", ha señalado.

Losada ha expresado su satisfacción porque los niños y niñas catalanes van a aprender en una escuela bilingüe. Ha advertido de que la AEB estará muy encima de que las escuelas apliquen la sentencia.

Los profesores llaman a desobedecer

A la espera del posicionamiento del 'conseller', que tiene previsto comparecer a las 17.00 horas, el sindicato de profesores Ustec, mayoritario en la escuela pública catalana, ha hecho una llamada a no acatar la sentencia. Su portavoz, Iolanda Segura, ha señalado que "acatar el fallo no es una opción". "Lo que ha de hacer el 'conseller' es no acatar. La única opción es la desobediencia".

"No podemos permitir que los tribunales decidan la política lingüística de Cataluña y de sus escuelas", ha advertido Segura, que opina que si se aplica la sentencia "será la muerte de la inmersión y de la vehicularidad del catalán".

La patronal de la escuela cristiana concertada FECC ha urgido a los partidos políticos en el Parlament a aprobar ya la modificación de la ley de política lingüística que debía blindar la escuela catalana. ERC, PSC, 'comuns' y Junts llegaron a un acuerdo lingüístico pero Junts se desmarcó y el proyecto quedó en el aire.