Sin la colaboración de Arabia Saudí era solo cuestión de tiempo y no la habido. La Fiscalía Anticorrupción ha procedido a archivar las diligencias de investigación que mantenía abiertas en relación con los contratos firmados para la construcción del AVE a La Meca para determinar si se habían podido cometer delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho por parte de ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España, informan a El Periódico fuentes fiscales.
El decreto de archivo, firmado en esta ocasión por el fiscal Anticorrupción al frente del caso, Luis Pastor, recoge explicaciones similares a las que llevaron a decretar la misma medida para las pesquisas abiertas en relación con el Rey emérito, en las que no se pudo acreditar que los 65 millones de euros que recibió de la monarquía saudí fueran producto de otra cosa que un regalo, pese a que los contratos fueron lo suficientemente altos como para poder encubrir el pago de comisiones.
Insuficiente para ver comisiones
El decreto del AVE a La Meca comparte incluso párrafos textuales con el suscrito por la Fiscalía del Supremo para descartar interponer una querella contra Juan Carlos I. Concluye "que los elementos de que se disponen tras esta investigación, son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas a dicha tesis". Eso hace que "sostener unos posibles pagos a funcionarios o autoridades saudíes" no sea "más que una mera especulación o conjetura".
Pero justo antes también dice: "A nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados en la adjudicación, de tal modo que el intermediario conserve para sí una parte del pago y transfiera a la autoridad local la dádiva acordada por haber ganado el contrato".
Se refería al firmado con Shahpari Azzamy Zanganeh, a la que Juan Carlos comisionó a través de una carta "para poder realizar gestiones" ante el príncipe Bin Abdul Aziz. El contrato que ella firmó por sus servicios con las empresas era equivalente al 2% del valor contractual del proyecto; luego se modificó a una comisión fija de 95.788.435 euros, de los que cobró parte. Con anterioridad al contrato firmado con Zanganeh, que era una de las personas investigada por Anticorrupción en las diligencias ahora archivadas, las empresas que conforman el consorcio hispano-árabe habían firmado otro similar con el príncipe Abdulaziz Bin Mishal, ya fallecido, por otros 120 millones de euros.
Dos personas
"Si examinamos la actuación de los dos comisionistas, encontraremos con que las cantidades satisfechas lo han sido a personas identificadas", afirma Anticorrupción, que añade que la intervención de Zanganeh "queda en unos términos un tanto genéricos, sobre todo si atenemos a la cuantía de su retribución final" y en el caso del príncipe Abdulaziz Bin Mishal "parece que obedeció a la necesidad de que existiera una contraparte saudita dentro del consorcio".
En cualquier caso, sostiene que "las comisiones, no superaron cada una de ellas el 2% del precio del proyecto, si bien su cuantía es importante, 100 y 120 millones de euros respectivamente; y, en cuanto a la estructura financiera de los pagos no puede reseñarse nada especial" más allá de que "se han efectuado mediante transferencia a cuentas en Arabia Saudita". Las autoridades de ese país respondieron al requerimiento español, que hubo de ser reiterado, limitándose a decir que "no se han encontrado transacciones derivadas de actividades sospechosas". El decreto afirma que "se analizaron 11 cuentas bancarias, desde las que se realizaron 7.507 transferencias por un importe de 1.998.020.248 y 4.084.396.364 euros".
Para llegar a estas conclusiones, Anticorrupción ha tomado declaración como testigos a los distintos presidente es del consorcio hispano-árabe, a los embajadores de España en Arabia Saudí y a Corinna Larsen, así como a Zanganeh, que destacó su "amplia experiencia como consultora en proyectos en Oriente Medio, principalmente con empresas españolas de ingeniería y que había empezado a trabajar par OHL en los años 2004-2005".
En un comunicado, el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina afirma que no tuvo "entre sus atribuciones actividades vinculadas a la fase de adjudicación del contrato, ni ha firmado acuerdos de ningún tipo para dicho fin".
