La mayoría de los jueces son gente de bien. Como la mayoría de los políticos, de los futbolistas o de los periodistas. Pero algunos sucumben a los cantos de sirena de los empresarios o de los cargos públicos que les permiten medrar en su carrera profesional. No toda la cúpula judicial está marcada políticamente, pero el sistema de promoción de los jueces deja muchos resquicios para que jueces sin escrúpulos hagan tratos con políticos sin escrúpulos. Lo alarmante no es que eso se produzca sino que el propio gremio no lo denuncie. La omertá es lo que convierte la excepción en regla. Esta semana una conjunción de intereses ha llevado de nuevo a un ser despreciable como el excomisario Villarejo al primer plano de la actualidad. Las terminales mediáticas de la Moncloa han rescatado los audios de sus conversaciones con dirigentes del PP y se han llevado de un plumazo los restos de Pegasus del tablero político. Y el excomisario se ha prestado al juego para calentar su alegato final en uno de los juicios que tiene en marcha. Pero lo relevante no ha estado ahí.
Aguirre declaró con las cartas marcadas
Tras la cortina de humo de los audios, Cristina Gallardo y Tono Calleja han publicado un hecho relevante en El Periódico de España: el que entonces era juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, medió para que Esperanza Aguirre, presidenta a su vez de la comunidad de Madrid, tuviera las preguntas de la acusación particular antes de declarar en el caso de su fuga tras una infracción de tráfico. Y las tuvo, con lo que se alteró sustancialmente el procedimiento judicial. Pudo tenerlas porque la denuncia la interpuso una asociación fantasma controlada por el excomisario. Y, una vez abierta la causa, el juez decano se ofreció a Aguirre para mediar con ellos. Cuando sepamos cuál fue la contraprestación que dio Aguirre, tendremos un cuadro tan completo como esperpéntico: un juez y un comisario urdiendo una trama para extorsionar a una política. En las notas publicadas no hay rastro del botín, pero sí una conclusión muy clara: “ha venido bien, ha quedado de puta madre, que se joda que además un escarmiento de esto no viene mal”. Un juez y un policía “escarmentando” a la presidenta de una comunidad autónoma.
Una presencia que nadie señala
La España atrincherada se ha pasado la semana decidiendo quién es más malo, si Villarejo o Aguirre. Pero nadie ha puesto el foco en el señor juez. Serían tantos los asuntos a tratar: ¿Qué relación tenía el juez decano con el excomisario? ¿Y con la presidenta? ¿En cuántos otros asuntos de la época medió? ¿Qué recibió a cambio de uno y de otro? ¿Puede una autoridad judicial presenciar una cuantos posibles delitos sin abrir diligencias? ¿Quién y cómo aupó a González Armengol al decanato de los jueces, donde, entre otras cosas, se reparten los asuntos a juzgar? ¿Por qué nadie en Madrid, salvo El Periódico de España, se fija en ese aspecto del episodio?
Y ahora, a renovar el CGPJ
Todo indica que después de las elecciones andaluzas, Félix Bolaños y Esteban González Pons renovarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lo que queda del Tribunal Constitucional. Lo harán con las mismas reglas del juego que pusieron a González Armengol al frente de los jueces madrileños. Y muchos hablarán de la politización de la justicia, que la hay. Pero visto lo visto en el episodio descrito, ¿no deberíamos hablar de judicialización de la política? ¿No trataron Villarejo y González Armengol a Aguirre como un títere al que podían encausar, extorsionar y liberar? ¿No hay algunos resquicios en el Estado, fundamentalmente en la policía y en la judicatura, de gente que considera que tienen la última palabra para decidir quién gobierna en España y qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿No han montado un lucrativo negocio para poner esos mismos mecanismos al servicio de la competencia empresarial como pudo ocurrir en el caso de Sandro Rosell que ha destapado El Periódico? Las trincheras no solucionan los problemas, los perpetúan para que los que viven de ellos sigan sacando beneficio. Tampoco soluciona nada la visión conspirativa. Hay que desmenuzar los hechos, ponerlos en contexto, dirimir qué delitos se han podido cometer y por quién. Convertir todo en un Madrid-Barça en el que tienes que estar con Aguirre o con Villarejo deja al juez fuera de la foto. Y sin él, no hubiera existido.
