Desconcentración de sedes sí, pero no como la propuesta abanderada por Ximo Puig y elaborada por la Cátedra Prospect. El Gobierno de España limita cualquier avance en la descentralización de instituciones del Estado a los organismos de nueva creación. Es, de momento, la línea roja, pese a que posteriormente los argumentos para defender que estos nuevos organismos salgan de Madrid son los mismos que los defendidos por el 'president' de la Generalitat.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró este martes que el ejecutivo está trabajando en ese sentido de desconcentración, pero que no puede "afectar a la estructura esencial del Estado" sino que solo va referida a "organismos de nueva creación". Esto dejaría fuera el movimiento de sedes como la de Puertos del Estado a València, parte del Senado a Barcelona o el Tribunal Constitucional a Cádiz como se indicaba en el informe que abanderó el lunes Puig.

Es más, si Puig, compañero de partido de Rodríguez, planteó durante la clausura del seminario "España Polifónica y Desconcentrada: un país con forma de malla" que RTVE realice los debates electorales en la Comunitat Valenciana o que el Día de la Hispanidad se celebre en otras ciudades fuera de Madrid, la portavoz del ejecutivo enmarcó sus declaraciones al "contexto académico" y complementó con un "la organización territorial ha dado y da para mucho análisis académico".

La titular de Política Territorial subrayó que "la desconcentración es un compromiso de este Gobierno", que lo ha estado "implementando desde el origen" en un "esfuerzo por cohesionar más España", "aproximar la administración al territorio" y hacerlo con organismos que pueden atraer inversiones a otras zonas distintas a la capital, es decir, argumentos prácticamente idénticos a los utilizados por Puig. Sin embargo, todo limitado a "aquellos organismos de nueva creación y que no afectan a la estructura esencial del Estado".

Frío entre sus socios

El debate sobre esta descentralización llegó también a las Corts con distinta recepción según bloques. Más favorables en la izquierda, aunque sin mucho entusiasmo por parte de Unides Podem y Compromís, dudas en Ciudadanos y críticas del PP con acusaciones de "jugar al Monopoly con los despachos". "Puig debería estar más interesado en cambiar el modelo de financiación y la inversión de la Comunitat Valenciana que en estas cosas que buscan desviar la atención", le afeó en este sentido la síndica del PP, María José Catalá.

Con más dudas al respecto se expresó la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, quien explicó que la formación valorará la propuesta porque no les parece mal que instituciones del Estado puedan estar fuera de la capital, "siempre que se traduzca en una mayor eficiencia en la gestión sin generar más duplicidades". Eso sí, desde Madrid, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, calificó la propuesta de "cortina de humo".

Por su parte, los socios del PSPV en el Consell acogen la idea con cierta frialdad. Especialmente Compromís. Su síndica en el parlamento autonómico, Papi Robles, indicó la desconcentración de sedes como "una buena noticia", pero señaló como "prioritario" ejecutar las inversiones y precisó que lo "fundamental" ha de ser que el "el Gobierno central cumpla con los acuerdos en educación y servicios sociales".

En Unides Podem, el parlamentario Ferran Martínez consideró que está "muy bien" que se instalen sedes del Estado fuera de Madrid, pero pidió que esto estuviera "englobado en una política más ambiciosa que convierta a España en un Estado federal". "No solo hay que hablar de que el Senado se vaya a Barcelona sino qué función ha de tener el Senado", expresó el diputado 'morado' en Corts, que haya un "cambio constitucional" y que incluya la reforma del sistema de financiación o la ejecución de las inversiones.