El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley orgánica del sistema universitario (Losu), la tercera reforma universitaria en democracia, cuyo principal objetivo es acabar con la temporalidad de los docentes, estabilizar sus carreras académicas y ofrecer formación a los estudiantes a lo largo de la vida. El texto, que ahora comienza su tramitación parlamentaria y que fue inicialmente redactado por el exministro Manuel Castells, entrará en vigor en el primer semestre de 2023. "Necesitamos una ley para los próximos 20 años que sea capaz de responder a las necesidades actuales que demanda la sociedad", ha afirmado el titular de Universidades, Joan Subirats, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de Pedro Sánchez.
Al contrario que su antecesor, que se enfrentó a las críticas tanto de los rectores como de los alumnos y alumnas, Subirats ha optado por hacer un texto continuista y mucho menos reglamentista. El anteproyecto deja en manos de las universidades -con autonomía propia- establecer los requisitos que un profesor debe tener para aspirar al cargo de rector, que durará seis años (ni uno más) y no será renovable.
Entre sus principales novedades, figura el reconocimiento por primera vez en una ley del paro académico por parte de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores).
Otro cambio significativo se refiere a la reducción de los contratos temporales. La norma "dignificará" las condiciones laborales del profesorado asociado convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesoras y profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la actual ley al 8%.
El texto recupera el valor original de la figura del docente asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas asignaturas donde su experiencia sea "relevante". Su docencia estará limitad a un máximo de 120 horas lectivas. Además, se incorpora la figura del profesor sustituto, cuya finalidad es la de sustituir a un docente o investigador que suspenda temporalmente sus servicios.
Para responder a las demandas del mercado de trabajo, así como atraer a personas de todas las edades - solo un 6 % de los matriculados supera los 30 años -, la ley contempla por primera vez que las universidades ofrezcan títulos propios mediante microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración (de 4 a 30 créditos). Estos admitirán tanto a personas con un título previo como a las que solo tienen experiencia profesional pero pueden acreditar suficiente capacidad de seguir ese curso. El objetivo es que las facultades se conviertan en espacios académicos que ofrezcan "formación a lo largo de la vida".
En cuanto a los rectores serán elegido como hasta ahora: el sufragio universal ponderado. Al contrario de lo que decía el texto inicial redactado por el equipo de Castells, serán las universidades las que decreten los requisitos mínimos que deben tener los aspirantes al cargo, que se limitará a seis años.
En cuanto a la financiación, la Losu plantea el compromiso de destinar el 1% del PIB a las universidades de aquí al 2030 en lugar del actual 0,7%
Otra de las claves de la Losu será la internacionalización del sistema universitario español y fomentar la ciencia abierta, de modo que más allá de las publicaciones haya acceso libre a las investigaciones y capacidad de construir proyectos ciudadanos.
