El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros nueve excargos de ERC encausados por el Tribunal de Cuentas han pedido que se suspenda el proceso abierto contra ellos, por vulneración al derecho fundamental a un juez imparcial, y se eleve esa cuestión al Tribunal Constitucional.

Según fuentes de ERC, la defensa de los excargos del partido a quienes se exige 3,4 millones de euros destinados a los gastos del procés han presentado su escrito de contestación de la demanda, en el que piden que esta sea desestimada en su integridad.

Además de Junqueras, están encausados por supuesta responsabilidad contable en el procés otros miembros del partido: los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, además de los excargos Aleix Villatoro, Josep Ginesta, Jaume Mestre, Sergi Marcén, Erik Hauck, Maria Kapretz y Ewa Cylwik.

En concreto, los encausados aducen que en la causa ha habido una vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial por la propia composición del Tribunal de Cuentas, cuyos miembros son elegidos en un proceso en el que la Fiscalía tiene voz y voto.

Por este motivo, los excargos de ERC piden que se suspenda el procedimiento por el presunto desvío en los gastos del procés y se eleve una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.

También pide la defensa que se declare prejudicalidad penal y se plantee un conflicto de competencias con el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha procesado a una cuarentena de excargos de Govern de Carles Puigdemont por la organización del 1-O, entre ellos algunos de los encausados en el Tribunal de Cuentas.

En paralelo, el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona mantiene abierta otra causa a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción -en el que está imputado el exconseller de Exteriores Raül Romeva- por el desvío de cerca de un millón de euros destinados al procés mediante adjudicaciones arbitrarias o a dedo.

En ese sentido, los cargos de ERC solicitan al Tribunal de Cuentas que suspenda el procedimiento por los gastos del procés a la espera de que finalicen las causas penales abiertas vinculadas.

Por otra parte, ERC ha celebrado el cambio de criterio de la Fiscalía, que ayer apoyó devolver al partido republicano la fianza que este depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de los encausados por el 1-O, por considerar que son suficientes los 2,1 millones avalados por el Institut Català de Finances (ICF).

En la demanda ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía se dirige contra más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat -entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, y cifra en 3,4 millones de euros el supuesto dinero desviado para el proceso independentista catalán de 2017, incluida su promoción exterior.