La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha decidido seguir los pasos de la 'exconsellera' Meritxell Serret y ha decidido comparecer voluntariamente en el Tribunal Supremo, asistida por el mismo letrado, un habitual de los miembros de la izquierda abertzale detenidos por terrorismo, Iñigo Iruin. El magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, la dejó en libertad y la ha citado a declarar el 14 de septiembre, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio.
Gabriel, que huyó a Suiza en febrero de 2018, tras ser citada a declarar ante el juez Llarena, fue procesada en marzo de ese mismo año por desobediencia del artículo 410 del Código Penal y declarada en rebeldía por auto de 9 de Julio de 2018, pese a que con el delito por el que se le reclamaba nunca ingresaría en prisión, ya que solo está penado con inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración y multa de hasta 12 meses.
Por eso no existía ninguna orden europea o internacional de detención en su contra. Lo que sí había era una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del Tribunal Supremo y pudiera recibírsele declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haber practicado la declaración indagatoria imprescindible en los procesamientos.
Gabriel ya está de vuelta a Suiza por vía terrestre (también ha llegado a España en coche) porque, por ahora, seguirá ejerciendo como secretaria general del sindicato Unia Genève en la región de Ginebra, cargo que ejerce tras haber sido elegida en noviembre del año pasado.
En un comunicado, la cupera ha defendido que ha dado este paso procesal "necesario para recuperar la libertad de movimientos" debido al contexto político y judicial actual y a consideraciones personales, aunque descarta quedarse en España. "De momento, en coherencia con una serie de responsabilidades profesionales y personales adquiridas, seguiré viviendo y trabajando en el mismo lugar en el que he trabajo y vivido los últimos años", sostiene la anticapitalista.
En rueda de prensa, el parlamentario 'cupaire' Xavier Pellicer ha explicado que el equipo jurídico de Gabriel exigió "claridad" al Tribunal Supremo para conocer de qué delitos se la acusaba y que al poder certificar que era por desobediencia se decidió a personarse voluntariamente para poder disfrutar ahora de libertad de movimientos, también en territorio nacional.
El precedente
A diferencia de Gabriel, el caso de Serret presentaba más dificultad a la hora de decidirse a regularizar su situación, ya que ella sí estaba procesada por desobediencia, pero también por malversación de caudales, por lo que podría haber sido juzgada por el Supremo como ocurrió con Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó.
No obstante, como estos tres terminaron siendo absueltos del delito de malversación y ser su responsabilidad similar a la Serret, Llarena acabó remitiendo la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que fue también la encargada de juzgar a los miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell acusados de desobediencia y a la también exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que resultó absuelta, precisamente porque no recibió ningún requerimiento directo del TC y no podía por su cargo impedir la tramitación de las leyes de desconexión al no figurar en la Mesa de la Cámara, como tampoco estaba Gabriel.
Pese a que pudiera haber cierta duda sobre la situación en que quedaría tras su comparecencia voluntaria en el Supremo, Serret quedó en libertad y fue citada días después por el instructor para declarar. En esta ocasión ha ocurrido exactamente lo mismo con Gabriel. Y es que, según fuentes cuperas, llevaba tiempo preparando su regreso con indagaciones y aclaramientos sobre su situación procesal actual para evitar ser detenida al cruzar la frontera.
