El 26 de febrero de 2020, a unas semanas del inicio de la pandemia por covid que confinó a todo el país, Dolores Delgado prometía su cargo como fiscal general del Estado ante el rey Felipe VI. La decisión no llegó exenta de bronca política, ya que la nueva fiscal general había saltado de forma directa desde el Ministerio de Justicia al Palacio del Marqués de Fontalba, donde se halla la sede central de la Fiscalía en Madrid.
Delgado es la tercera mujer en acceder a un cargo de especial trascendencia política, tras Consuelo Madrigal y María José Segarra. Se marcha por problemas de salud y sin haber visto hecha realidad la mil veces anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para atribuir la investigación penal a los fiscales. De hecho, el informe sobre esta reforma que aprobó su Consejo Fiscal en julio del pasado año fue tan duro con el proyecto de su sucesor en el cargo, Juan Carlos Campo, que ha obligado a la actual responsable ministerial a repensar el proyecto.
Durante sus dos años y casi cinco meses de mandato, Dolores Delgado ha tomado decisiones que la han enfrentado con el sentir mayoritario de la carrera fiscal y han sido utilizadas por la oposición para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Su marcha deja abiertas investigaciones de calado como las que fiscalizaron la actividad de las residencias de mayores durante los estados de alarma, la indagación de crímenes de guerra por la invasión de Ucrania y, más recientemente, la impulsada para aclarar la muerte de inmigrantes en la valla de Melilla. Repasamos los hitos de su paso al frente del Ministerio Público:
Sombras por Villarejo
Delgado llegó a la Fiscalía General directamente desde su despacho de ministra de Justicia y habiendo sido también diputada del PSOE por Madrid, lo que motivó que los trámites para su nombramiento tanto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como en la Comisión de Justicia del Congreso fueran de todo menos pacíficos. El órgano de gobierno los jueces se limitó a validar los requisitos técnicos para adquirir el cargo, eludiendo pronunciarse sobre su idoneidad, si bien siete vocales cuestionaron su imagen de autonomía e imparcialidad.
Delgado arrastraba además, desde que fue elegida por Pedro Sánchez como su primera ministra de Justicia, las sospechas que determinados audios publicados en medios de comunicación levantaron sobre su relación con el comisario investigado y hoy considerado cerebro de la 'policía política' José Manuel Villarejo. Se da la circunstancia de que Delgado es además pareja del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que actualmente dirige un bufete que lleva la defensa de varios de los imputados en la trama.
Nombramientos recurridos
Esta presunta falta de idoneidad para el cargo fue recurrida por el PP y Vox ante el propio Tribunal Supremo, que dio carpetazo al asunto sin entrar en el fondo por la falta de legitimación de ambos partidos para cuestionar la elección del Gobierno.
Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, cuestionó desde el principio su política de nombramientos, acusándola de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cercana al PSOE y de la que ella siempre ha formado parte hasta ser ministra. Uno de estos nombramientos, el del fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, fue recurrido ante el alto tribunal, que lo anuló por falta de motivación.
En respuesta a esta decisión, Delgado volvió a nombrarle, recordando en el decreto dictado para ello la necesidad de que le fueran reconocidos "amplios márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades". Ello ha sido considerado por la AF como una "burla" al propio Tribunal Supremo y la designación ha sido de nuevo recurrida.
El caso 'Stampa'
Uno de los encontronazos más ásperos con la carrera ha sido a cuenta del denominado 'caso Stampa', por la no designación del fiscal Ignacio Stampa, adscrito al caso Villarejo, para una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se ofertaban a finales de 2020, lo que supuso su expulsión de la causa. El asunto se revisó el pasado mes de noviembre en un agrio Consejo Fiscal que, lejos de cerrar la polémica, reverdeció las críticas contra Delgado y su mano derecha -el futuro fiscal general Álvaro García- por parte de los sectores más conservadores de la carrera.
Las explicaciones dadas en dicha ocasión por el hasta ahora jefe de la secretaría técnica levantaron sospechas sobre el papel que éste y su jefa directa jugaron en torno a las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid tras una denuncia interpuesta por Vox contra Stampa, al que acusaban de connivencia con la acusación popular ejercida por Podemos precisamente en el caso Villarejo, finalmente archivadas. Este archivo, había sido hasta dos veces paralizado desde Fiscalía General, lo que se interpretó como una injerencia sin precedentes de Delgado en este tipo de expedientes.
Revés en el Consejo Fiscal
Las continuas polémicas con las que se ha desarrollado su mandato al frente de la Fiscalía General han tenido consecuencias en el apoyo que su asociación fiscal ha recibido de la carrera. Las elecciones al Consejo Fiscal del pasado 5 de mayo se saldaron con un descalabro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Lo habitual era que la conservadora Asociación de Fiscales lograra seis representantes y la UPF, tres. En los anteriores comicios, celebrados en 2018, la AF se quedó en cinco y los progresistas llegaron a cuatro. En mayo la AF obtuvo seis representantes y la UPF se tuvo que conformar con dos.
Otra polémica que pudo tener que ver con los malos resultados fue la del Comité de Ética de la Fiscalía, un órgano de nueva creación, que aún no se ha constituido, y que nació ya lastrado después de que desde la UPF se cuestionara la campaña de votación y todas las plazas fueran ocupadas por miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).
Las diligencias del Emérito
Entre la actuación de Delgado sin duda han destacado las diligencias de investigación abiertas en relación con el emérito. Todas ellas acabaron en archivo por varios motivos: la inviolabilidad de Juan Carlos I mientras era jefe del Estado, la prescripción de los delitos que podía haber cometido y las regularizaciones fiscales que presentó por un valor de 5,5 millones de euros. La exfiscal general siempre ha mostrado su satisfacción por el dinero devuelto al erario público gracias a las pesquisas fiscales, aunque no pudieran concluir en la interposición de una querella.
Ascenso vía enmienda
Delgado se ha tropezado una y otra vez con el pecado original que le imprimía haber llegado a Fiscalía General directamente desde el Ministerio de Justicia. Ello ha contribuido a que gran parte de sus iniciativas tropezaran con la carrera fiscal. Eso ocurrió con la enmienda que el PSOE pensaba introducir en marzo en la ley concursal para que los fiscales generales adquirieran la máxima categoría de la carrera y establecer la obligación del máximo responsable fiscal de informar al Gobierno de los procedimientos que considere relevantes, en línea, según fuentes de la Fiscalía General, de las recomendaciones europeas.
La enmienda tuvo que ser retirada por falta de apoyos parlamentarios. Por su parte, en su último informe sobre Estado de Derecho de la UE, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, subrayando que “siguen surgiendo interrogantes" sobre la autonomía de la Fiscalía española respecto del Gobierno.
Encontronazo con Europa
Una de los aspectos que se han criticado a Delgado ha sido que solo haya recurrido una vez a la Junta de Fiscales de Sala. Fue a cuenta del enfrentamiento vivido entre la Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía Europea en relación por la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid por el que cobró una comisión el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Al final se optó por una solución salomónica que llevó a la apertura de dos investigaciones en función de los delitos competencia de cada fiscalía. Anticorrupción ya ha procedido al cierre de la suya.
Riesgos laborales
Tanto para la fiscal general como para la ministra de Justicia el año comenzó con el banquillo. La Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF) llevó a juicio a ambas por su respectiva responsabilidad en la dotación de medidas para la prevención de riesgos laborales de los fiscales. La demanda, que acabó siendo rechazada, acusaba a ambas de "enviar de forma temeraria" a los fiscales a trabajar en plena crisis del coronavirus, "exponiéndolos a un contagio letal por covid-19".
