El Consejo de Ministros prevé sustituir este martes a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía general de Estado y nombrar como candidato a su número dos, el jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz. Renuncia por "motivos estrictamente de salud", según han confirmado a El Periódico de España fuentes de su entorno, que están relacionados con la intervención de urgencia en la columna vertebral a la que tuvo que someterse el 20 de abril de este año y que motivaron su baja hasta finales del pasado mes de mayo.

Se ha tratado de una renuncia, pues el fiscal general, según el artículo 31 del Estatuto que rige el funcionamiento del Ministerio Público, tiene un mandato de cuatro años y no puede ser destituido sin más -cesa cuando lo hace el Gobierno- , con excepción de unos supuestos muy concretos entre los que se incluye "incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo". Precisamente esta es una de las garantías de la autonomía de la actuación del fiscal general, una de cuyas funciones es la de asegurar la aplicación de la política criminal decidida por el Ejecutivo.

La noticia, que ha pillado por sorpresa en la Carrera fiscal, se ha hecho pública durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha comparecido ministra de Justicia, Pilar Llop. Por su parte, García Ortiz es fiscal de Sala, ingresó en la carrera en 1998 y antes de constituirse en la mano derecha de Delgado estuvo destinado en Santiago de Compostela y fue fiscal delegado de Medio Ambiente.

El nuevo fiscal general sustituirá a la que desde las asociaciones de fiscales se ha considerado la fiscal general más polémica de la democracia, en primer lugar por saltar a este puesto directamente desde el sillón de ministra de Justicia, en enero de 2020, siendo uno de los primeros asuntos por los que tuvo que responder relativo a sus contactos con el comisario investigado José Manuel Villarejo. Se da la circunstancia de que Delgado es además pareja del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ahora en un bufete que lleva la defensa de varios de los imputados en el caso Villarejo.

A partir de dicho momento ha protagonizado no pocos enfrentamientos en especial con la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, en especial por su política de nombramientos en la cúpula de la Fiscal. Los problemas físicos de Dolores Delgado -tercera mujer en ocupar este puesto en nuestro país, tras Consuelo Madrigal y María José Segarra-fueron visibles nada más regresó al día a día, en el Consejo Fiscal celebrado el pasado 29 de mayo, así como en la rueda de prensa que el nuevo fiscal jefe de Siniestralidad Laboral ofreció en Fiscalía General del Estado, donde tuvo que ser ayudada para bajar y subir al atril.

Respecto a su sustituto, la designación como candidato por el Consejo de Ministros no es suficiente para ser fiscal general, pues se debe obtener el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Juicial (CGPJ) y también someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a fin de obtener el beneplácito del poder legislativo. En el caso de Delgado, ambos trámites fueron muy polémicos, y el órgano de gobierno de los jueces se limitó a validar los requisitos técnicos para adquirir el cargo, si bien siete vocales cuestionaron su imagen de autonomía e imparcialidad.

Motivos de la renuncia

Según a nota hecha pública por la Fiscalía General, la renuncia se ha realizado por carta a la ministra Llop, expresando Delgado su voluntad de apartarse de las responsabilidades por motivos de salud. Se explica que la intervención de urgencia que sufrió en abril consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto de dos vértebras, así como "la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, con una columna muy afectada que obligará a nuevas intervenciones quirúrgicas".

En la misiva, Delgado subraya lo difícil de una decisión en la que ha tenido que "conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad, lo que le ha llevado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas exigidas para tan alta función".

Para la Fiscal General, el balance de estos dos años y medio de mandato es satisfactorio. "Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables", añade en la carta.