No hubo sorpresas y, según lo adelantado desde que se dio a conocer el relevo el pasado martes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha alcanzado una postura unánime respecto de la candidatura de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado. Un total de siete vocales, todos ellos del sector conservador, han votado en contra de otorgar el aval de idoneidad al sucesor de Dolores Delgado, frente a una mayoría de doce que han dado el plácet.

La razón para esta discrepancia se encuentra en la "falta de apariencia de imparcialidad" del hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y mano derecha de Delgado, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, debido a su participación en un acto político del PSOE en 2019 y por ser una opción continuista de Delgado.

En todo caso, la mayoría ha dado el visto bueno a García, que cumple con los requisitos establecidos en la ley de ser un jurista de reconocido prestigio y sumar al menos 15 años de ejercicio efectivo en la carrera Fiscal. “A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala concretamente el acuerdo.Tras este trámite, García deberá someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a fin de obtener el beneplácito del poder legislativo. 

La idoneidad sigue pendiente

Al igual que ocurrió en el caso de su antecesora Dolores Delgado -algo inédito hata dicho momento-, el Pleno del CGPJ con el voto a favor de su presidente, Carlos Lesmes, se ha limitado a dar fe de que Álvaro García reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado, sin manifestar de forma expresa su idoneidad.

Ello es algo que dejan al Congreso, según las fuentes consultadas. Este asunto fue sacado al debate por los siete vocales contrarios a la candidatura de García, que han anunciado voto particular y que consideran que en el término general “requisitos” está comprendida la idoneidad, por lo que no cabe destacarla de modo diferenciado.

En todo caso, el rechazo a la elección de la mano derecha de Delgado para dirigir la Fiscalía General no ha unido a todo el sector conservador, pues únicamente han votado en este sentido siete del total de los vocales que fueron en su día propuestos por el PP y que constituyen su núcleo duro: Maru Carmona, Nuría Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Se han desmarcado Mar Cabrejas, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea.

Un voto particular muy duro

En su voto particular, los siete vocales discrepantes argumentan en términos muy duros que, a su juicio, el candidato del Gobierno "no es idóneo para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado". Entre otros motivos, por su participación en actos que han creado "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir".

Se refieren concetamente a la participación de García en un acto organizado por el PSOE de Galicia en 2019 que, según los vocales conservadores "no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político", coincidiendo además con un periodo electoral. Ello hace al candidato "incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal".

Tras recordar las recomendaciones europeas sobre la figura del fiscal general, el voto particular alude a la trayectoria profesional de García, que a juicio de los firmantes del voto no permite formular "un pronóstico positivo de gestión" por parte de este candidato.

Señalan al respecto que durante su periodo como jefe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía "no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia". Citan también "episodios no elogiosos" producidos durante esa época como su intervención en el denominado 'caso Stampa' o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos, como fue el del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban.

Para defender su posición contraria al aval que se les solicitó, este grupo de vocales añaden que este trámite "no es un mero acto rituario limitado a constatar que la persona propuesta reúne los datos objetivos previstos en el citado precepto orgánico -tener más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión- ni siquiera hacer un somero análisis de que se trata de una persona de reconocido prestigio".