PP y Ciudadanos registran este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que la Generalitat aprobó el pasado 30 de mayo para incumplir la sentencia judicial que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en todas las escuelas catalanas. Como adelantó este diario, en aquel momento se iniciaron contactos entre ambos partidos para dar la batalla lingüística conjuntamente. Casi dos meses después, el texto está listo y llevará el sello de las dos formaciones. Se trata del primer acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas.
La interlocución ha recaído esencialmente sobre Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz en el Congreso; y Edmundo Bal, portavoz parlamentario naranja y arquitecto jurídico en el partido de Arrimadas. Según ha podido saber este diario, el documento tiene unos 20 folios en el que los dos partidos detallan las razones por las que consideran inconstitucional el decreto del Govern catalán. En concreto, el recurso ante el Alto Tribunal afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y el 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Las dos claves principales son: que a pesar de que la competencia en materia educativa recae sobre las comunidades (algo que no está en cuestión), el decreto hace uso de “una competencia estatal” sobre lenguas cooficiales que sí pertenece al Estado, que es mucho más amplia y que no se circunscribe a las herramientas educativas que están en manos de las comunidades.
La otra mira directamente a la figura del decreto: PP y Ciudadanos cuestionan la “extraordinaria urgencia” del asunto como para tener que hacerlo vía decreto, y ponen negro sobre blanco que en realidad es “una respuesta directa” para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La confirmación del recurso llega dos días después de la reunión entre el Gobierno central y la Generalitat (la parte de ERC) en Madrid, donde ambas partes acordaron la defensa del catalán y desjudicializar el “conflicto” en Cataluña. En lo que se refiere a la lengua, el equipo gubernamental que encabezó Félix Bolaños acordó dar respaldo a la reciente ley lingüística contra las cuotas del castellano (que luego la Generalitat llevó a decreto) en el Parlament con el apoyo del PSC. Los socialistas, sin embargo, no dieron respaldo al decreto en sí.
Ciudadanos empezó a liderar la batalla desde el primer momento. Primero, con una iniciativa (tuvo que pedir apoyo a Vox porque se necesitaban dos grupos parlamentarios) frente al Consell de Garantías Estatutarias que provocó un retraso en la aprobación de esa ley. Y precisamente por ello, la Generalitat se vio forzada a aprobar un decreto extraordinario que le permitiera llevarlo a término de inmediato. Y esa urgencia es la que populares y naranjas ponen en duda en su recurso.
Como el PP no tiene grupo propio en el Parlament (solo consiguió tres diputados en las últimas elecciones), Ciudadanos los unió al suyo para que figuraran en la iniciativa. Y a cambio, Feijóo también permite a los 9 diputados en el Congreso (entre los que está la propia Arrimadas) sumarse al grupo parlamentario popular para impulsar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ciudadanos es pionero en la batalla lingüística contra los independentistas en Cataluña. Pero Feijóo fue entonces contundente, al asegurar que “reaccionaría” ante el decreto de la Generalitat. Además, fuentes populares aseguraban a este diario que veían con buenos ojos “hacerlo de la mano de Ciudadanos” porque son un referente en este sentido. A lo largo de esta semana el PP no se ha pronunciado sobre el recurso y, finalmente, este viernes las dos formaciones han decidido hacerlo público a la vez con su registro.
