La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado pedirá responsabilidades penales a varios cargos del Gobierno de España por "conocer, autorizar y formar parte desde el minuto cero" de todo el proceso de repatriaciones de menores que se llevó a cabo desde Ceuta a Marruecos entre los días 13 y 16 de agosto de 2021.
Así lo ha manifestado este miércoles el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, durante una rueda de prensa en la que ha repasado el procedimiento judicial en el que figuran como investigadas la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Sin embargo, según Escudero, "si la Fiscalía entiende que ambas tienen una responsabilidad penal por ejecutar estas repatriaciones, aquellos que tuvieron impulso, responsabilidad y coordinación, si finalmente se demuestra, también deberán tener responsabilidad penal”, en alusión a miembros del Gobierno de España.
La asociación, que actúa como acusación popular, ha dado a conocer las principales conclusiones tras haber estudiado el sumario y ha valorado las acciones impulsadas por la Fiscalía, tras ser informada por la jefa del Área de Menores del Gobierno de Ceuta, María Antonia Palomo, del presunto incumplimiento de la legislación vigente.
Escudero ha avanzado que el 7 de septiembre tanto Mateos como Deu tendrán que acudir nuevamente a sede judicial para testificar, aunque para la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado es más importante el testimonio de la jefa del área de Menores.
Por este motivo, la asociación va a pedir la ampliación de los documentos y de los testigos, ya que, según Escudero, "hubo comunicaciones con hasta cuatro ministerios implicados en todo este procedimiento, algo que se negó por parte del Ministerio del Interior y de los que comparecieron a instancia nuestra ante la Audiencia Nacional”.
Otras de las cuestiones denunciadas por Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado es que tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo de 2021, se produjo “un gasto desorbitado, superior al 1,8 millones de euros" con las empresas Fundación Samu y Asociación Engloba, y no conocen "qué criterios se siguieron”.
Actuación contraria a la ley
Escudero ha afeado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma "despreciase" a las entidades sociales que se ofrecieron gratis con profesionales cualificados a atender la los migrantes que entraron de manera irregular en mayo de 2021.
Se ha mostrado convencido de que la actuación llevada a cabo por el Gobierno de España “es contraria a la ley”, y por ello se han adherido al criterio de la Fiscalía.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, tras examinar el sumario, observa por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta y su vicepresidenta primera, y por parte también de la Delegación del Gobierno en Ceuta, “un cúmulo de excusas que tienen como único nexo común que no querían a los niños en la ciudad y que consideraban eso como una invasión”.
Ha reiterado que se observan “incumplimientos de carácter administrativo y de resoluciones de tutelas de la legislación general”, por lo que también pedirán la testifical de cargos públicos en materia de infancia, "a la vista de los escritos que el Ministerio de Derechos Sociales dirigió a otros ministerios oponiéndose a determinadas situaciones y alertando de determinadas actividades”.
También ha dicho que “esa mala práctica a día de hoy se sigue dando en la ciudad de Ceuta, ya que ni se han cambiado los gestores de los centros, ni se ha tomado ninguna decisión frente a todo lo que se ha expuesto, algo realmente preocupante”.
