La Comunidad de Madrid enviará esta tarde un conjunto de propuestas con su posición sobre el plan de contingencia que el Ministerio de Transición Energética debe enviar a Bruselas por si llega el temido corte de gas por parte de Rusia. Isabel Díaz Ayuso compareció este miércoles tras reunir al primer consejo de gobierno de este curso político y aseguró verse “obligada” a “denunciar” que el Gobierno central “no ha enviado todavía un solo documento con las medidas sobre las que está trabajando”. “Las desconocemos por completo”, dijo la presidenta madrileña, más allá del real decreto ley energético (aprobado en el Congreso la semana pasada sin el apoyo del PP).

Muy alineada con la posición de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso renunció a un perfil propio y compartió las medidas de su partido, pidiendo que el Gobierno haga “recomendaciones” y no obligaciones a los sectores económicos en lo que tiene que ver con las restricciones. “El decreto ley impone medidas a teatros, cafeterías, tiendas, cines, a diferencia de lo que pide Bruselas, que es recomendar”, explicó, en términos muy parecidos a lo que dijo el líder conservador el lunes pasado en Génova.

Según detalló Ayuso, la propuesta madrileña se articulará en tres claves. La primera, bajar como sea el precio de la luz, “algo imprescindible porque ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno ha evitado que estemos pagando mucho más que hace un año, antes de que estallara la guerra”. Y, por eso, apostó por rebajas fiscales de inmediato y revisar el tope al gas del Ejecutivo que el PP cree que está multiplicando en algunos casos el precio de la factura. 

La segunda, relativa a buscar fórmulas para disminuir la dependencia de España del gas, explicó Ayuso, tiene que hacerse a través de la energía renovable (una clara apuesta del Ejecutivo central) y de alargar la vida de las centrales nucleares, como también dice Génova. Y, la tercera, reducir el consumo por la vía de la eficiencia, tiene que ver con que se apoyen “medidas incentivadoras” y no “imposiciones o cuestiones dogmáticas”. Ayuso solo citó ayudas para sustituir las calderas más contaminantes.

1.266 profesores más para la pública

Además, Ayuso quiso empezar su comparecencia con un anuncio importante en materia educativa después de la fuerte polémica que soportó su administración por las becas que favorecían a las rentas más altas. La presidenta aseguró que el nuevo curso contará con el “mayor paquete de becas” que ha aprobado antes la Comunidad de Madrid, de 226 millones de euros y que favorecerá a 609.000 familias, especialmente de rentas medias y bajas. Los detalles no los aportó. Y, además, aseguró que los colegios públicos contarán este curso con 1.266 profesores más, lo que redundará en una enseñanza pública de mayor calidad. 

Confrontación con el Gobierno

Hay que recordar que el plan de ahorro energético que el Gobierno lanzó en el mes de julio con la regulación máxima de la temperatura para aire acondicionado y calefacción y el apagón de los escaparates comerciales a partir de las diez de la noche como principales medidas ya causó un choque importante entre el Ministerio de Teresa Ribera y la Comunidad madrileña. En realidad, a lo largo de todo el verano se han ido produciendo ataques en la misma dirección.

La polémica empezó con un mensaje de Ayuso en su cuenta de Twitter donde afirmó que Madrid no cumpliría con la norma. “Madrid no se apaga”, escribió la presidenta. Pocas horas después empezaron los matices. La dirigente madrileña aseguró que no había margen para no cumplir con el decreto ley pero, al tiempo, aseguró que su administración estudiaría un posible recurso de inconstitucionalidad.

Ese recurso terminó confirmándose y será la única autonomía del PP que lo presente y dé la batalla en los tribunales. La estrategia es similar a la que ya impulsó Ayuso durante la pandemia, llevando a la justicia algunas decisiones del Gobierno central (muchas de ellas las ganó, como el cierre de Madrid decretado por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa). Esa hoja de ruta fue lo que elevó a la lideresa, como confirmó el resultado electoral cercano a la mayoría absoluta, en mayo de 2021.

La cuestión es que el resto de presidentes autonómicos, también el líder nacional conservador, Alberto Núñez Feijóo, han sido muy críticos con algunos aspectos del decreto energético del Gobierno (sobre todo, con las formas y la falta de información con la que han contado para su elaboración, mientras que Ribera insiste en que convocó en varias reuniones a las comunidades), pero no han llegado tan lejos. De hecho, ninguno acudirá a los tribunales.