El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya ha encontrado a un juez para completar el tribunal que deberá juzgar al expresidente del Parlament y actual 'conseller' Roger Torrent y a otros exmiembros de la Mesa por haber permitido al tramitación en la cámara catalana de dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación en contra de la monarquía, eludiendo los mandatos del Tribunal Constitucional (TC). El designado en principio es el magistrado Francisco Segura Sancho, de la sección de apelación del alto tribunal catalán, y al que se le ha comunicado esa decisión a fin de que confirme en dos días su disponibilidad. Por lo tanto, si no hay contratiempo, el juicio podrá celebrarse cuando estaba previsto, el 5, 6 y 7 de octubre próximo.

En la resolución firmada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, argumenta que ante la falta de magistrados disponibles en la lista de sustitutos voluntarios libres de señalamientos en las fechas en que se ha fijado el juicio contra Torrent, y no existiendo tampoco jueces de adscripción territorial que puedan ser nombrados, se ha recurrido a las normas de sustitución propia de la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán y él único juez que puede ocupar ese puesto es Francisco Segura Sancho. E incide que otros dos togados posibles candidatos, Fernando Lacaba Sánchez y María José Manzano Meseguer, han intervenido antes en la misma causa y Roser Bach Fabregó está exenta de juicios orales por su condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los tres jueces

Segura Sánchez Segura Sancho fue presidente de la Audiencia de Lleida desde el 2006 y reelegido 2017, y el año 2019 actuó como inspector del orden penal del CGPJ. Este jurista sustituiría si se constata su disponibilidad al magistrado Carlos Ramos, que fue recusado por la defensa de los encausados, al igual que Barrientos. Por ahora, el tribunal de la mesa es formado por los magistrados Carlos Mir, miembro de la sala de apelaciones civil y penal del TSJC, y la magistrada Marta Pesqueira Caro, titular del juzgado de Primera Instancia 47 de Barcelona, que es la única de la lista de voluntarios que podía cubrir la baja de Barrientos.

La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de de 30.000 euros para Torrent, Josep Costa (JxCat) y Eusebi Campdepadrós (JxCat), mientras que para Adriana Delgado (ERC) pide un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de las tramitaciones. La acusación publica sostiene Torrent, Campdepadrós y Costa, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos" del Tribunal Constitucional de días anteriores, "y pese a la oposición del resto de los miembros de la Mesa" y el aviso del secretario general de la Cámara, aceptaron en octubre de 2019 tramitar dos resoluciones sobre la Monarquía y el derecho a la autodeterminación, aprobadas en noviembre de ese año por los miembros del Parlament. Estas resoluciones fueron tramitadas poco después de la sentencia del 'procés' contra dirigentes independentistas.