La decisión del abogado general de la Unión Europea de hacer suyas las tesis del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre las euroórdenes y no las de los huidos del 'procés', con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, representó un duró revés para las pretensiones de estos. En su intento de que la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se separe de ese dictamen han alegado un error mínimo de traducción en la directiva europea en la que se basó el fallo del que discrepan.

Fuentes de la defensa del expresidente catalán señalan a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, que confían en que la sentencia definitiva sobre euroórdenes del TJUE se aparte de la propuesta de resolución que hizo el abogado general Jean Richard de la Tour el pasado 14 de julio, porque sostienen que no coincide con el criterio mantenido hasta ahora por la justicia europea. No obstante, de momento han alegado un fallo mínimo de traducción en la directiva europea relativa a euroórdenes que ya ha sido subsanado por la justicia europea.

Se trata más bien de un matiz. Si en el dictamen se afirmaba que nada de lo dispuesto en ella podía interpretarse "en el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea", la traducción aceptada como más correcta diría: "Nada de lo dispuesto en la decisión marco podrá interpretarse como una prohibición de rechazar la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea", según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este diario.

Vulneración sistémica

De la Tour propuso al TJUE que resolviera las dudas del juez Llarena sobre euroórdenes respondiéndole que un país no puede negar la entrega de un reclamado a otro Estado miembro salvo que exista una vulneración de derechos sistémica en el reclamante.

El magistrado del Tribunal Supremo instructor del 'procés' y, por tanto, de reclamar a los huidos, elevó una cuestión prejudicial al TJUE ante la negativa belga a entregar el 'exconseller' de Cultura Lluís Puig porque, a juicio de la justicia belga, el alto tribunal español no sería el competente para juzgar al reclamado, lo que entendía que suponía una vulneración de sus derechos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene previsto hacer pública la sentencia que pondrá fin a las cuestiones planteadas por Llarena a finales de año, según señaló su presidente, Koen Lenaerts, en una visita al Tribunal Constitucional español en mayo.