El 10 de enero de 1984, según relato en mi libro 'José María Ruiz Mateos, el último magnate' (Plaza & Janés, noviembre de 1985), el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, me recibió en su despacho de la sede de la madrileña calle de Doménico Scarlatti, número 6, a las seis menos cuarto de la tarde. En la sala contigua los 12 magistrados del tribunal se habían recluido en la mañana del jueves 1 de diciembre de 1983 y no abandonaron el tribunal hasta votar, entrada la noche. La sentencia del 'caso Rumasa' fue votada y redactada con fecha del viernes 2 de diciembre. García Pelayo, zamorano y primer presidente del TC de la democracia, ejerció el voto particular o doble voto que la ley confiere al presidente en caso de empate. Y tras una votación de seis contra seis, el presidente inclinó la mayoría a favor de confirmar, contra el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, el decreto-ley de expropiación del llamado 'holding' de la abeja. La campaña contra García Pelayo, un hombre de estatura mediana y de cabello completamente blanco fue feroz.
-Le he recibido porque me ha llamado usted varias veces. Pero como podrá usted comprender yo no puedo hablar de Rumasa. Quizá algún día cuando pase el tiempo, podamos hablar sobre el tema…
Esto lo dijo mientras fumaba sin parar, con perfil severo, pero afable. Me bastó ese encuentro para saber que la cruz que llevaba por haber inclinado la balanza a favor del Gobierno del PSOE tardaría años en aliviar, si eso iba a ocurrir alguna vez, el peso que llevaba sobre su espalda desde hacía algo más de un mes. Nunca se la quitó de encima hasta fallecer el 25 de febrero de 1991, en Caracas, Venezuela, país al que regresó. Allí se había exiliado tras la guerra civil española.
¿Habrá alguien dispuesto hoy en el Tribunal Constitucional (TC) a asumir responsabilidades parecidas?
Es un TC básicamente en estado de vegetación. La sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP sobre la ley de aborto, admitida a trámite en 2010 -sí ha leído usted bien, no se trata de una errata- ya superada por otra ley, que el presidente Pedro González-Trevijano prometió llevar al Pleno en el mes de mayo-junio, previa distribución de la ponencia que heredó el magistrado Enrique Arnaldo, se quedó en agua de borrajas, para no recordar que el TC resolvió los recursos contra el estado de alarma una vez que la pandemia había terminado.
Ahora están los recursos de amparo contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que expulsó el 21 de octubre de 2021 al diputado canario Alberto Rodríguez, del grupo parlamentario de Unidas Podemos, durante toda la legislatura, y contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a una pena de inhabilitación de 45 días y multa, de la cual, presuntamente, derivó su resolución Batet, sin motivar, para la cual carecía de autoridad. Lo dice el informe del fiscal-jefe del TC, Pedro Crespó, quien afirma que la presidenta fue más allá de lo que se le solicitaba.
Hace algunos días, según está en condiciones de informar EL PERIÓDICO, la magistrada ponente, Maria Luisa Balaguer, en este recurso, por así decir, de derecho parlamentario, ha solicitado un informe a sus letrados sobre una de las medidas que se planteaba en él: la medida cautelar de restitución de Alberto Rodríguez a su escaño del Congreso de Diputados.
Pronto, en el mes de octubre, se cumplirá un año desde la expulsión de Rodríguez. Y durante este tiempo, la ponente no ha considerado resolver la petición de la medida cautelar -ni a favor ni en contra- porque tenía el convencimiento de que el fondo del asunto –si se concedía el amparo o se denegaba- podría ser resuelto en el mes de septiembre.
Dado el estado de suspensión en el aire del TC pendiente de los regates del sector más recalcitrante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dirigidos a aplazar lo más posible los nombramientos de dos magistrados, ¿quién le pone el cascabel al gato de los recursos de Alberto Rodríguez?
Criterios dogmáticos
Balaguer ha sostenido en entrevistas estos días que los magistrados intentan “establecer criterios dogmáticos acerca de la defensa de la Constitución por encima de las intrigas políticas”. Pero, al mismo tiempo, se muestra consciente de que “falta un diálogo entre el TC y la sociedad, y el TC y los medios”. Y cuando se le pregunta qué cree que puede ella, si fuese elegida presidenta, aportar a la institución responde que “la política informativa es deficiente y que el TC está excesivamente cerrado a la ciudadanía”. Y qué querría cambiar: “La política comunicativa y poder conectar con la sociedad”.
“Eso ocurre si hubieras resuelto los recursos sobre la pandemia durante la misma y no cuando se había terminado. Y no se hizo también por hipotecas personales. ¿Por qué ahora no se resuelve nada? Porque tienes un presidente que es un pato cojo y que piensa en su recorrido en la universidad o la banca, yo que sé, y ha pasado de puntillas por las cosas, he estrenado una obra de teatro, he hecho un libro sobre el Museo del Prado y yo ahora en los últimos 10 minutos no me meto en polémicas que van a marcar mi nombre para toda la vida como le pasó a Manuel García Pelayo. Ni se resuelve el aborto ni lo de Alberto Rodríguez, ni se resuelve nada”, señala una fuente judicial muy cualificada a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico,
Los recursos de Rodríguez exigirían una decidida intervención del presidente. Es posible que ambos recursos de amparo deberían ser resueltos en un único Pleno, porque fulminar al diputado fue -o así se planteó- consecuencia de una sentencia.
González-Trevijano, ¿qué puede hacer? Remangarse. Pedir a Balaguer su ponencia sobre el tema parlamentario y a Santiago Martínez-Vares la suya sobre si se confirma o no la sentencia del Tribunal Supremo. Y resolver así los recursos.
La política de patear la pelota hacia adelante parece conducir a quitarse de encima el muerto y prácticamente confirmar de facto la expulsión de Rodríguez sin resolver los recursos.
Entonces ¿cómo pretende la magistrada Balaguer conectar con la sociedad? O ¿es que una parte de esa sociedad, por ejemplo 60.000 electores canarios que votaron por Alberto Rodríguez, no han sido privados, con su expulsión, de sus derechos?
Hay que dar menos entrevistas y ofrecer respuesta a los recursos de amparo.
Porque de lo contrario, ¿para qué sirve un Tribunal Constitucional que se reúne para acordar la dogmática?
