Juan Manuel Moreno presentó, por tercera vez desde el lunes, la bajada de impuestos aprobada por su Gobierno con un acto solemne en el Salón de los Espejos de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, junto a representantes de la empresa, asociaciones agrarias, abogados y fiscalistas, asesores y consultores andaluces e incluso UGT, el único sindicato que acudió a ver firmar al presidente veintitantos folios de decreto-ley de la Consejería de Economía y Hacienda. Moreno aprovechó el acto para lanzar un aviso al Gobierno de la nación sobre una posible recentralización de impuestos para evitar las bajadas fiscales de las comunidades del PP. Un melón que abrió el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en contra del criterio que se había dado desde Moncloa, que pidió ceñir el debate a que el PP baja impuestos a los ricos.

Moreno dejó claro que “cualquier medida recentralizadora que invada la autonomía fiscal de Andalucía tendrá una contundente respuesta”. El Gobierno andaluz aclara que ante cualquier atisbo de que se limiten sus competencias acudirá al Tribunal Constitucional a dar una batalla judicial y política que estima que tiene ganada de antemano. El presidente andaluz ha conseguido situar en el centro del debate político la reforma fiscal y los impuestos con mucha eficacia. Es algo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva tratando de meter en la primera línea de la agenda pública desde que llegó al cargo. Cada oferta de medidas anticrisis o incluso en el decreto de ahorro energético, el PP ha ofrecido como alternativa una bajada de impuestos para dar un respiro con la inflación o la elevada factura de la luz. El Gobierno siempre ha respondido que no era el momento ni la receta adecuada. La reforma fiscal de Moreno ha abierto la pugna fiscal entre comunidades y metido al Ejecutivo de lleno en el tema impositivo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que esa armonización fiscal que impondría unos tipos máximos y mínimos a algunos de los impuestos cedidos a las comunidades, para evitar su eliminación por la puerta de atrás, se debe hacer en la futura reforma del sistema de financiación autonómica, que está en marcha con seis años ya de retraso pero sin visos de ver la luz esta legislatura. Que el Gobierno recupere impuestos en manos de las comunidades no está en la hoja de ruta pero sí, según desveló Montero en el Congreso, que se cree un nuevo impuesto para gravar las fortunas de los más ricos. Una figura fiscal demandada por Podemos y que hasta ahora los socios del PSOE habían ignorado.

El Gobierno aprobará impuestos a las grandes energéticas y la banca, gravando los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y en la línea de lo propuesto por la Comisión Europea. Ahora además suma la posibilidad, en una especie de contraofensiva a la iniciativa andaluza de eliminar, como en Madrid, el impuesto de Patrimonio, de obligar a tributar con un impuesto extraordinario a los que más tienen, a “las grandes fortunas” de España.

Desde Andalucía, Moreno retó al Gobierno a actuar contra su reforma fiscal porque inmediatamente después, avisó, dará una respuesta “contundente”. “En esto nos encontrarán”, advirtió, con el aviso de que el Ejecutivo de la nación no está “para quitar competencias y menos si lo hace para subir impuestos a los ciudadanos”. Moreno se ha mantenido al margen de otras batallas judiciales como el recurso al Constitucional del decreto de ahorro energético, presentado por Madrid.

El presidente andaluz celebró haber conseguido que Andalucía “lidere el debate económico” en España, algo que hasta ahora, dijo, pasaba “nunca o pocas veces”. “Es un cambio de mentalidad”, celebró el presidente andaluz, que sacó pecho porque ahora Andalucía pueda “competir o mirar de tú a tú a Cataluña o a Madrid”.

Andalucía, "valor refugio"

En los corrillos posteriores a la presentación oficial del paquete fiscal que Moreno anunció el pasado lunes en un desayuno en Madrid, se dejó claro a empresarios e inversores que el objetivo de la Junta es que “Andalucía se convierta” en un “valor refugio”. “Una comunidad con cuatro años por delante de estabilidad política, con un Gobierno con mayoría absoluta, donde hay beneficios fiscales para empresas e inversores, sin conflictividad laboral y con buenas relaciones con los sindicatos, tiene que ser un lugar atractivo en un momento duro, cuando la guerra de Rusia se recrudece y la inflación sigue desbocada”, aseguraron fuentes del Ejecutivo autonómico. Es la idea del equipo de Moreno, que celebra que con esta reforma fiscal, la sexta bajada de impuestos que aprueba el PP desde que llegó al Gobierno en 2018, Andalucía haya logrado “una campaña de publicidad impagable”, sostienen, para la imagen de la comunidad como destino fiable para la inversión nacional y extranjera.

El paquete fiscal aprobado este martes en Consejo de Gobierno y ya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con una entrada en vigor inmediata, incluye rebajas del 4,3% en tres tramos de la tarifa del IRPF, la supresión del impuesto de Patrimonio y la eliminación, en 2023, del canon del agua que grava la factura de los andaluces con carácter finalista y destinado a obras hidráulicas. La nueva rebaja de impuestos detraerá de las arcas andaluzas un total de 350 millones de euros que sumados a las reformas anteriores significan 900 millones de euros menos de ingresos tributarios en Andalucía. El Gobierno de Moreno defiende que suprimir impuestos genera más riqueza y más recaudación, asegurando que desde que comenzó sus rebajas fiscales en 2018 hay 280.000 contribuyentes más en Andalucía y se ha recaudado 1.100 millones de euros más.

Es el discurso con el que el PP justifica desde Andalucía suprimir patrimonio, un impuesto que aseguran es “obsoleto”, no existe en Europa salvo en Suiza y Noruega, y frena la riqueza. Ese tributo lo pagan en Andalucía unos 19.000 contribuyentes, con una cuota media anual de 5.000 euros y un patrimonio medio de unos 2 millones de euros. Aportan 95 millones de euros, el 0,6% del total de ingresos tributarios. La Junta defiende que su supresión convencerá a más perfiles de alto poder adquisitivo para que se censen en Andalucía, con lo que se recaudará más por IRPF. Muchos altos ejecutivos, defienden desde la Junta, ya se han instalado aquí durante la pandemia por el teletrabajo y hay "un importante nicho de británicos con alto poder adquisitivo" en las costas de Málaga y Cádiz.

Desde Hacienda estiman que bastaría que unos 7.000 contribuyentes con renta alta instalarán aquí su domicilio fiscal para recaudar más por IRPF de lo que se ingresa por Patrimonio. Además diez de las veinte grandes fortunas que más tributaban por este impuesto se fueron en el último año de Andalucía. La mayoría se exilia fiscalmente a Madrid, la única que tampoco cobra por Patrimonio, aunque sigue residiendo en Andalucía. Moreno ha lanzado su ofensiva fiscal frente a Madrid pero también frente a Cataluña, a cuyos empresarios ha lanzado guiños explícitos y donde confía en abrir pronto la delegación de la Junta en Barcelona, y también, avisan, para competir con Portugal o Marruecos.