El accidentado procedimiento abierto contra la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, por los delitos que podría haber cometido al fraccionar contratos para presuntamente favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), sufrirá un nuevo retraso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha accedido a trasladar a su defensa el material informático intervenido para someterle a un nuevo examen pericial.

En una providencia el tribunal acepta ampliar en 10 días el plazo para presentar el escrito de defensa, para proceder a la pericial informática que entiende fundamental para su defensa, que ejerce el abogado Gonzalo Boye. Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que es imposible de calcular cuándo puede estar concluido el estudio, por lo que el procedimiento se paralizará durante más tiempo del señalado por el alto tribunal catalán.

La expresidenta del Parlament ya presentó un escrito en el que solicitaba su absolución. Se trataba de un único párrafo, que decía textualmente: "Disconformes con los correlativos de la acusación, no ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias por lo que, sin que existan hechos constitutivos de delito alguno, no cabe hablar de autoría, ni de circunstancias modificativas, ni de pena, ni de responsabilidad civil derivada de un delito que no se ha cometido, debiendo imponer las costas de oficio".

Por si acaso

Ese escrito se interpuso para prevenir no poder presentarlo en el caso de que no se admitiera la prueba pericial ahora acordada. Con ella se pretende cuestionar los correos electrónicos en los que el informático Isaías Herrero se jactaba de su buena relación con la entonces responsable de la ILC.

El TSJC acuerda facilitarle la documentación "en el caso de ser cierto que no se le hubiere dado traslado" y dar un nuevo plazo para presentar otra vez el escrito. Lo que ha descartado el magistrado instructor, Carlos Ramos, es reclamar a los Mossos d'Esquadra la documentación que, según la defensa, no aparece en el procedimiento. El juez señala que a estas alturas del procedimiento solo podría incluirse en el propio juicio oral.

La fiscalía solicita para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, así como una multa de 144.000 euros por los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.