Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizan seis registros simultáneos en las sedes de cuatro empresas en Alicante, Castelló, València y Madrid, por orden el Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción, en el marco del caso Azud. Los registros en el marco de una de las piezas secretas de la causa se producen a raiz de la documentación intervenida en el domicilio de José María Cataluña, el responsable de finanzas del PSPV-PSOE y ex alcalde de Gilet. Cataluña, un histórico de los socialistas valencianos apartado de la política activa, está investigado en el caso Azud como facilitador de "contactos" al empresario Jaime María Febrer con ayuntamientos gobernados por el PSPV en los años bajo investigación en el caso, desde 2005 hasta 2010.
Entre las empresas registradas esta mañana están las sedes de Acciona en València y Madrid, además de la constructora valenciana Construcciones Luján. Ambas empresas, resultaron adjudicatarias de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó, que sacó a concurso la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre los papeles requisados a José María Cataluña en su domicilio de Gilet y examinados por la UCO de la Guardia Civil se encontraban anotaciones y esquemas sobre el presunto pago de una comisión del 5% respecto al importe total de la adjudicación del tramo E, que fue el más caro y que ascendió a 39,7 millones de euros. En el esquema de esta presunta mordida, como "condición de adjudicación" aparecía que la UTE adjudicataria del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó debían hacer frente al abono de 2 millones de euros.
Cada empresa supuestamente abonaba en función de su participación empresarial: Acciona aportaría 1,4 millones de euros y Construcciones Luján 600.000 euros para, supuestamente, conseguir ser adjudicatarias del tramo E de la conducción hídrica entre el Júcar y el Vinalopó., según la documentación hallada a Cataluña durante los registros de la segunda operación del caso Azud en mayo de 2021.
Los registros también podrían estar relacionados con el PAI (programa de actuación integrada) el Espartal de Xixona (l'Alacantí) y sobre la empresa Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) que ya están siendo investigadas en el caso Azud desde se produjo la segunda operación policial de esta causa en mayo de 2021 y que acabó con el empresario Jaime Febrer, Alfonso Grau (PP) y Rafael Rubio (PSPV) detenidos. En la primera actuación de la UCO de la Guardia Civil el detenido fue el abogado y cuñado de la alcaldesa de València, José María Corbín.
