La verdadera negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 empieza ahora. El Gobierno logró este jueves superar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias y los exdiputados de UPN. Lo consiguió gracias a un primer acuerdo con los socios de investidura y, sobre todo, gracias a un entendimiento con ERC. Los 13 diputados republicanos son esenciales para sacar adelante casi cualquier iniciativa de la legislatura. Las conversaciones, como suele ser siempre entre Gobierno y Esquerra, fueron discretas para evitar el veto y de ahora en adelante se tendrán que intensificar para asentar el apoyo definitivo a las cuentas.
Estas negociaciones se sumarán a las otras tantas que el Ejecutivo central mantiene de manera paralela con la formación liderada por Oriol Junqueras. Algunas de ellas se entrelazan, otras llevan meses estancadas y otras solo están a la espera de encontrar el momento exacto para dar sus resultados. En ese arte de conseguir acuerdo se están bregando por el lado del Gobierno el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la responsable de Hacienda, María Jesús Montero. En frente, están los portavoces de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y en el Parlament, Marta Vilalta. Y los temas a tratar son de los más variado:
Los Presupuestos
La negociación más visible será, a partir de ahora, la de los Presupuestos Generales del Estado. ERC ha facilitado la tramitación de las cuentas, pero ya ha criticado el "marcado acento militarista" y ha tildado de "parches" algunas de las medidas incluidas. Los republicanos registrarán este viernes sus enmiendas parciales, aunque su diputado Joan Margall ya ha dejado caer que, entre otros asuntos, reclamarán que parte de la inversión dedicada a empresas armamentísticas vaya a las pymes.
Además de pequeñas modificaciones para introducir mejoras en la inversión en Catalunya, Margall reclamó duramente la necesidad de que se mejore la ejecución de la financiación incluida en los Presupuestos. "En este campo ya no podemos confiar en ustedes, siempre incumplen", le afeó a Montero. "Es imprescindible la creación de un mecanismo de garantía para un correcto nivel de ejecución de las inversiones en Catalunya", reiteró.
La reforma de la sedición
Mucho más fuera de los focos estará la negociación para reformar el delito de sedición. La modificación de las penas recogidas en el Código Penal lleva meses sobrevolando la relación entre el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y ERC. En las últimas semanas parece que ambos lados de la mesa empiezan a entenderse. La premisa es asegurar públicamente que esta negociación nada tiene que ver con los Presupuestos, pero lo cierto es que resulta difícil desligar los dos asuntos.
Margall afirmó en la tribuna del Congreso que su partido facilitaba el primer trámite de las Cuentas Públicas para darle una nueva oportunidad a la negociación y "avanzar en la desjudicialización del conflicto". Montero sí que quiso separar Presupuestos de la sedición, pero acabó asegurando que el Gobierno llevará una reforma de este delito al Congreso. Más tarde matizó que ese es su compromiso, pero que aún no se dan las mayorías necesarias. Está todo pendiente, por tanto, de la negociación.
La ley de vivienda
Si existe una ley que haya nacido y crecido al amparo de los Presupuestos Generales del Estado es la de Vivienda. Los dos últimos años ha sido la protagonista de las negociaciones y condición indispensable para que Unidas Podemos apoyara las cuentas. Esta vez parece que será ERC quien presionará para que la norma se desbloquee y siga su tramitación en el Congreso. Rufián ya advirtió que las conversaciones para aprobar los Presupuestos "empezaban mal" si no contemplan la ley de vivienda.
Los republicanos quieren que la norma ampare la legislación que aprobó el Parlament en materia de alquileres y que el Gobierno llevó al Tribunal Constitucional. Además, ERC ve insuficiente el texto aprobado por socialistas y morados y pretende endurecerlo para impedir las subidas de alquileres en zonas tensionadas.
La 'ley mordaza'
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', lleva ocupando titulares desde el primer día que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron formar un Gobierno de coalición que entre sus objetivos tendría acabar con esta norma aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy. Casi tres años después, las conversaciones continúan. PSOE y Unidas Podemos lograron hace meses un entendimiento en el seno del Ejecutivo, pero ahora tienen que ponerse de acuerdo con ERC y EH Bildu, dos partidos indispensable para alcanzar la mayoría absoluta de 176 'síes'. La dificultad, entre otros aspectos, reside en acordar el material antidisturbios que puede utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
