Los fiscales Anticorrupción del caso ERE en Andalucía, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra insisten en un breve escrito remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla en que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán debe entrar ya en prisión para cumplir la pena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación que se le impuso en el caso de los ERE de Andalucía. Su rechazo a la suspensión de la condena se hace extensiva a otros exaltos cargos que solicitaron la misma medida ante el tribunal sevillano.

Este segundo escrito, de tan solo dos páginas, remite a los argumentos que ya expuso la Fiscalía hace tan sólo unos días rechazando la medida de suspensión y recuerda que en dicha ocasión ya tuvo en cuenta para valorar la procedencia de esta medida el hecho de la presentación por los penados de un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, al ser anunciado por sus representaciones procesales en sus respectivos escritos.

Por ello insiste en que "siendo firme la sentencia dictada y debiendo ésta ser cumplida", se opone a la suspensión solicitada por Griñán y por otros condenados, como son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano; el exconsejero de Innovacion, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; el exviceconsejero del mismo ramo Jesús María Rodríguez y los exconsejeros de Empleo Jose Antonio Viera, Juan Márquez, y Antonio Fernández García.

Este segundo documento de la Fiscalía responde al último intento de la defensa de Griñán y el resto de condenados de eludir su inminente entrada en un centro penitenciario, mediante un escrito presentado el pasado lunes. Además de la opinión de la Fiscalía, la Audiencia de Sevilla deberá conocer el criterio del resto de las partes para pronunciarse definitivamente sobre la ejecución de la condena, y es probable que espere también a que el Tribunal Supremo responda sobre la nulidad para hacerlo

Las sentencias se cumplen aunque se espere el indulto

La Fiscalía insistió ya el pasado 2 de noviembre en que, pese a la petición de indulto de los condenados, el principio general es que la suspensión del ingreso en prisión tiene un carácter excepcional, "exigido por el interés público que reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan", o como se recoge en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, “en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial".

Hay que atender también, según la Fiscalía, a la naturaleza de los delitos por los que los exaltos cargos de la Junta han sido condenados, ya que nos encontramos "ante una forma más de "corrupción política". "La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa", añadía el citado escrito.

En cuanto a incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, sigue aún pendiente de resolver, pero no es probable que la respuesta vaya a cambiar mucho las cosas para Griñán, puesto que se trata de valorar si han existido errores formales o vulneración de derechos que modifiquen sustancialmente la sentencia ya dictada, y ésto no suele ocurrir. Se trata más bien de un trámite previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que la defensa de Griñán tiene previsto interponer.

La cuenta atrás para la entrada de Griñán en prisión comenzó el pasado mes de julio, cuando el Supremo confirmó la condena que había dictado contra él casi tres años antes, que es de 6 años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, por el procedimiento específico mediante el cual la Junta de Andalucía canalizó sus subvenciones para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas. El alto tribunal ratificó igualmente la condena al también expresidente andaluz Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación, por lo que en su caso no hay pena de cárcel.

Sin embargo, esta decisión no fue unánime, pues las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo emitieron un voto particular para apartarse del criterio de los otros tres magistrados que firmaron la sentencia, al considerar que Griñán debería haber sido absuelto del delito de malversación porque al situarse fuera de la Consejería de Empleo no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un "exceso de confianza" hacia sus compañeros de Gobierno. En este recurso se basará previsiblemente la defensa de Griñán para pedir amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).