El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no quiere dejar pasar nada por alto y antes de poner fin al procedimiento reabierto tras las declaraciones del líder de la Gürtel, Francisco Correa, sobre el pago de comisiones por donantes de la caja b del PP a cambio de adjudicaciones, ha procedido a preguntar a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas sobre el próximo paso a seguir tras recibir el último informe que estaba pendiente en la causa, el de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Fuentes jurídicas han destacado a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, la contundencia del informe, que no detecta irregularidades contrarias a lo previsto en la tramitación de expedientes para la contratación de obras y servicios por empresas y entidades públicas, lo que complica el futuro de las diligencias reabiertas en 2017 a petición de las acusaciones personadas en la causa de la caja b del PP, tras escuchar a Correa admitir sin ambages cómo se adjudicaban obras a quien hacía donaciones al Partido Popular.
La causa, cuya instrucción ya se dio por concluida a la espera de recibir este informe, debe ser ahora archivada o dictarse el auto de transformación del procedimiento para proceder a empezar a prepararse la fase intermedia de cara al juicio. De momento de la caja b del PP solo se ha juzgado la parte relativa al pago en negro de la reformas de su sede central en la madrileña calle de Génova por parte del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo.
Las declaraciones de Correa se produjeron en un juicio anterior, el principal del caso Gürtel, que fue el de la primera época de la trama corrupta, en el que se juzgaron los hechos cometidos entre 1999 y 2005, y cuya sentencia condenatoria dio lugar a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Informes anteriores
El último dictamen, de 94 páginas, resulta clave para el futuro de las diligencias porque analiza los contratos sospechosos, entre los que figuran los de Fomento y Medio Ambiente o los de AENA. Ahora, a diferencia de los informes policiales existentes en la causa, no detecta irregularidades. En anteriores sí lo hacía respecto a determinados contratos, como una adjudicación de 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a Constructora Hispánica, y otro para la recuperación y restauración ambiental de las Marismas del Joyel en la reserva natural de las Marismas de Santoña y Noja, en Cantabria, informa Europa Press.
El documento señalaba que esa adjudicación, que se remonta al 25 de marzo de 2003, se cerró en un importe de 1.492.152 euros. La IGAE aseguraba que existía un sobrecoste de 28.633 euros, que representaba el 1,74% del contrato que ya contaba con un modificado del 9,99%, por lo que superaría el porcentaje límite y hubiese requerido el informe de la Inspección de Servicios.
Este último informe suscrito por los dos técnicos de la IGAE, sin embargo, no destaca ninguna problema en los términos en los que se refirió el propio órgano de control gubernamental en su anterior análisis.
