Algo más de un mes después de que el Congreso de los Diputados autorizara la investigación al diputado del PP Alberto Casero, el Tribunal Supremo ha reactivado la investigación abierta por presunta prevaricación y malversación durante su gestión como alcalde de Trujillo (Cáceres).
El instructor de la causa, el magistrado Andrés Palomo del Arco, ha citado a seis testigos para el próximo mes de diciembre, entre ellos los que fueran secretario e interventor del municipio en el momento en el que se produjeron los hechos presuntamente delictivos, según la providencia a la que ha tenido acceso a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
Concretamente, para el próximo 12 de diciembre se ha citado al que fuera secretario municipal entre 2012 y 2018 Álvaro Casas Avilés; al interventor entre 2017 y 2019 Jesús Hernández y al que fuera concejal de Juventud y Educación en 2017 Rafael Rebollo. Para día más tarde se ha citado a la concejal de Servicios Sociales durante dicho año, Soledad Corrales, al actual interventor José Antonio Ramos y al funcionario José Luis Bermejo.
Igualmente, solicita a la Guardia Civil que designe agentes para investigar la contratación y efectivos servicios que prestó el psicólogo Pablo Bonilla durante el año 2017; y se averigue también quién lo contrató, qué despacho ocupaba y con qué funcionarios se relacionaba. También pide el juez del Supremo la realización de diligencias sobre la relación del exalcalde Casero con Radio Interior S.L. e Ícaro Consultores en Comunicación.
Otras diligencias pasan por solicitar al actual alcalde del municipio cacereño para que informe "sobre la composición de la Institución Ferial Ferex y las aportaciones comprometidas y desembolsadas por sus integrantes en las anulalidades 2017 y 2018".
