El fiscal Juan Carrau reclama condenas de cuatro años y medio de prisión para nueve agentes de la Policía Local de Palma por la trama de corrupción en torno al empresario Miguel Pascual para beneficiar a sus negocios, entre ellos el Bierkonig y el Overbayern. Cinco de estos agentes están siendo juzgados actualmente por el llamado caso Cursach. En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que Pascual -para quien reclama cinco años de cárcel- sobornó a los agentes y a un funcionario del Ayuntamiento de Palma con servicios sexuales y consumiciones gratuitas. A cambio, le alertaban de las inspecciones y utilizaban sus labores policiales para actuar como vigilantes de seguridad privada en sus establecimientos. La Fiscalía imputa a los once procesados delitos de prevaricación y cohecho.
Este caso es una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre las supuestas corruptelas en el seno de la Policía Local de Palma. La acusación sitúa los hechos entre 2007 y 2015, cuando Miguel Pascual Bibiloni, fundador de la sociedad Pabisa, controlaba exitosos negocios en la Playa de Palma, como Bierkonig, Overbayern, Table Dance, Búho Verde y Nakaris.
Según el relato de la Fiscalía, el empresario se concertó con una decena de funcionarios para recibir un trato de favor. Por un lado, los nueve agentes de la Policía Local de Palma acusados, tanto de la Patrulla Verde como del Grup d’Actuació Preventiva (GAP) daban chivatazos a Pascual sobre las inspecciones que se iban a realizar en sus establecimientos, tanto de horarios como de la situación laboral de los trabajadores. El empresario daba entonces las órdenes oportunas para en los locales se adoptaran las medidas necesarias para evitar sanciones. Además, algunos de los agentes dieron órdenes para que las denuncias que afectaban a los negocios de Pascual no fueran tramitadas.
Por otro lado, siempre según el escrito de acusación firmado por Carrau, cuatro policías del GAP llevaron a cabo diversas maniobras para que esta unidad sirviera como servicio de seguridad privada del Bierkonig, que no tenía vigilantes contratados. Este grupo policial -como han explicado varios testigos en el juicio del caso Cursach- se apostaba en las entradas y salidas de este local de forma rutinaria.
Además, los responsables del Bierkonig contactaban directamente con este grupo de policías cuando había algún conflicto, en lugar de alertar a la base del 092 o a la Policía Nacional como hacían el resto de empresarios.
En la trama figura también un funcionario del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma que intervino en cuatro expedientes de los negocios de Pascual y recibía servicios sexuales y consumiciones gratuitas por sus favores.
La Fiscalía imputa a los nueve agentes y al funcionario de Cort delitos de prevaricación y cohecho, por los que reclama cuatro años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación. Para Miguel Pascual solicita una condena de cinco años de prisión por un delito de cohecho activo. El caso será enjuiciado en los próximos meses en la Audiencia de Palma.
Pascual fue absuelto tras un juicio por prostitución y abusos
El empresario Miguel Pascual se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados por esta trama de corrupción policial. En 2019 ya fue juzgado por delitos de prostitución y abusos sexuales a trabajadoras de un local de alterne que regentaba en la Playa de Palma. Dos de las mujeres, testigos protegidos en aquella causa, se negaron a declarar en el juicio y el tribunal acabó absolviendo al empresario, que en aquella ocasión se enfrentaba a una petición de 28 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
En el juicio por la trama de corrupción están también acusados los agentes de la Policía Local de Palma Bartolomé Capó, Tomás Mas Castella, Carlos Tomás, Carlos Vallecillo y Daniel Montesinos. Los cinco están siendo juzgados actualmente por el llamado caso Cursach. El resto de agentes implicados en la trama de Pascual son Tomás Mas Sastre, Jorge Blasco, Juan Llompart y Juan Vidal.
