El Gobierno se ha hecho fuerte en la defensa a ultranza de la ley del 'sí es sí', pese al escándalo de las rebajas de penas a los delincuentes sexuales y después de unos primeros días de titubeos. El regreso de Pedro Sánchez, tras toda la semana pasada fuera de España, no ha supuesto cambios en la decisión de esperar a que sea la Fiscalía -que ya ha dictado una instrucción- y el Tribunal Supremo quien pongan orden. Más bien se ha reforzado la reivindicación de que es una buena ley, que "ha tenido algunos efectos no previstos" pero que corresponde a la justicia arreglarlo. "Es una ley de legislatura, que amplía derechos", con la que está "profundamente comprometido" todo el Ejecutivo, que ha sido incluso, recuerdan en Moncloa, "portada del New York Times".
El propio presidente la defendió en un acto por la mañana en Ferraz, la apertura del XXII Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres, como un instrumento para que "nunca más una víctima sea cuestionada". Y a eso se aferra al Gobierno, a que sus efectos futuros, una vez que comiencen a juzgarse los delitos cometidos desde su entrada en vigor, sean reconocidos por la sociedad española. Que su aplicación, apuntan en Moncloa, con sentencias más duras, al no diferenciar entre abuso y agresión, demuestren su eficacia para proteger mejor a la mujer. Y que eso haga olvidar el goteo de reducciones, de condenas e incluso excarcelaciones.
En esto confían, tras haber logrado que todo el Gobierno exhiba una unidad de mensaje, que no tuvo los primeros días. El propósito fundamental es preservar la coalición y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se sienta cuestionada o desamparada por sus propios compañeros. Su Ministerio respondió en solitario a los primeros fallos de revisiones de penas con una andanada contra los jueces y fue necesaria una llamada del gabinete del presidente para frenarlo. Pero Montero ha impuesto su relato de que ley está bien hecha y el problema es que no se está interpretando según su espíritu.
Se aleja la reforma
Nadie del Ejecutivo dice nada ya de tocar el texto -que es la postura defendida desde el principio por Irene Montero- e Igualdad ha cesado en sus críticas a los magistrados. La posibilidad de reformar esta legislación se aleja y el Ejecutivo está volcado en la idea de que la situación se va a "dimensionar" con el decreto de la Fiscalía y un próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Esto es lo que defendió este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La ley acaba de entrar en vigor, ya ha actuado la Fiscalía y estamos pendientes del Tribunal Supremo. Confío en el Poder Judicial como confío en cada uno de los operadores jurídicos y en el fin último de esta ley, que es la protección de las mujeres", dijo, después de hacer varios llamamientos a la "tranquilidad".
La Fiscalía ha dictado un decreto para que los representantes del ministerio fiscal defiendan solo la rebaja cuando la pena no se encuentre dentro de la horquilla prevista en la reforma de la agresión sexual. Aunque la última palabra la seguirán teniendo los jueces, todos los fiscales alegarán lo mismo ante las Audiencias Provinciales. Se trata de una decisión que el Gobierno celebra, tanto por su contenido como por la premura a la hora de actuar del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el jueves pasado comenzó a recabar datos y este lunes ya tenía lista la orden.
La Fiscalía "ha puesto orden"
El Gobierno había reclamado en los últimos días su intervención y ahora espera que el posicionamiento del Supremo sobre uno de los casos en discusión ayude a unificar la doctrina. "Estamos en eso", subrayan en Moncloa. La Fiscalía, aseguran, ha actuado "con celeridad" y para dar "seguridad jurídica" que es mejor que "generar alarmismo". "Ha puesto bastante orden". Ahora toca el turno, la semana que viene, al Supremo. El Ejecutivo confía en que vaya "en la misma dirección". Y que esto, junto a una severidad mayor en las penas a los nuevos delincuentes, acabe difuminando esta crisis, una de las que más ha afectado a la credibilidad de la coalición.
En Moncloa están tan seguros de que en poco tiempo esta tormenta política escampará que niegan incluso que les haya causado "desgaste", algo que no se comparte en otros ámbitos del Gobierno y del partido. Por eso limitan las disfunciones a la "adaptación" de todas las leyes que conllevan una reforma del Código Penal e insisten en que había mecanismos y doctrina suficiente para que, a nivel jurídico, se solvente la situación. Una línea argumental que refuerza la idea esgrimida por Igualdad: la ley está bien hecha. Y que el PSOE ha apoyado con más dedicación en las últimas horas al apuntar que es una ley de todo el Ejecutivo.
No defenderla suponía un riesgo de ruptura con Podemos que Pedro Sánchez no parecía dispuesto a asumir y anulaba cualquier opción de que este partido concurra junto a Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, en las próximas elecciones generales. Una cooperación que Moncloa considera capital para tener opciones de reeditar un Gobierno de coalición.
