Las prisas del Gobierno por legislar provocarán que este jueves el Congreso se convierta en una olla a presión y en un triatlón político. La agenda dice que se van a debatir las últimas secciones del proyecto presupuestario y que luego se votarán el texto entero y las enmiendas vivas durante unas horas.
Pero cuando acabe esto y la Cámara autorice la creación de una subcomisión para actualizar el pacto de estado contra la violencia de género, el orden del día de un pleno completo, empezará otro pleno. Y vaya lo que tiene: aprobación del dictamen sobre la ley del impuesto a los bancos, a las energéticas y a los ricos; el visto a la nueva ley de cooperación y la admisión a trámite de la reforma del delito de sedición (el último punto es un formalismo sin debate).
No es la agenda más nutrida de la legislatura, entre los dos plenos apenas suman seis asuntos, pero es la más intensa porque el objetivo es enviar al Senado la ley más importante del año, la de los presupuestos, y una norma que es uno de esos hitos políticos que el Gobierno lleva a gala: la de los impuestos. Ambos debates, con sus consiguientes votaciones, suponen por sí mismas un logro. Logro del Gobierno porque tiene asegurados los votos de las cuentas y los de los gravámenes, que prefieren llamarlos así los integrantes del PSOE.
Hay que añadir un tercer plato. Si el comensal ya está lleno, se fastidia. La reforma del Código Penal para transformar el actual tipo de la sedición va a enervar los ánimos de tal manera que la distancia ya enorme entre los bloques izquierda-derecha se va a convertir en sideral. Sí, el PSOE y el PP han coincidido en los “ok” a numerosas normas. Pero el tamaño de sus acuerdos es muy pequeño en comparación con el de sus desacuerdos.
Y el desacuerdo, los desacuerdos, en rigor, que se van a producir y visualizar este jueves van a ser estridentes y van a elevar la tensión de los últimos días a cotas demasiado altas a pesar de que ya vienen de muy arriba por culpa de la aplicación de la 'ley del sólo sí es sí'. ¿Tambores electorales?
Los presupuestos
Desde el lunes pasado están los diputados y diputadas discutiendo, sección a sección, las cuentas que el Gobierno quiere manejar durante el año que viene, último de la legislatura. Porque, salvo que Pedro Sánchez adelante, lo que no parece si cumple sus numerosas promesas en este sentido, las urnas para renovar las Cortes Generales y para que del Congreso salga un presidente se colocarán, como muy tarde, en diciembre.
El Ejecutivo ha conseguido tejer una serie de pactos con grupos como el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria y Partido Regionalista de Cantabria (PRC). La suma de los votos de todas estas formaciones, incluidas, claro está, PSOE y Unidas Podemos –también la exrepresentante de los “morados” Meri Pita–, se sitúa en 175, a uno de la mayoría absoluta que garantiza la luz verde a los presupuestos. Ya los noes se van a quedar por debajo, hagan lo que hagan dos grupos que, quizá, si se ha fijado bien, habrá visto que no están: ERC y Teruel Existe. El BNG, un diputado, se abstendrá.
Fuentes de Esquerra consultadas por este periódico reconocen que el ambiente para el acuerdo es positivo. Este martes lograron un mecanismo de blindaje de inversiones en infraestructuras catalanas por una cuantía de 900 millones de euros. No es el detonante del apoyo, pero se le acerca. Las partes deben pulir algunos flecos más de un pacto más amplio, que incluye la reforma del delito de la sedición y, al menos, revisar cómo está redactado el tipo penal de la malversación. La decisión de ERC la anunciará el portavoz, Gabriel Rufián, este jueves, y lo hará en el hemiciclo para vestir con solemnidad el momento.
Si al final Esquerra se va al rechazo, sus 13 diputados/as se unirían a los del PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro, los ex de UPN (2), el ex de Cs en el Mixto… 172 en total. Los independentistas catalanes no torcerán el resultado de la votación hacia ningún lado. El Gobierno, hay que decirlo, ha manejado los tiempos de la negociación francamente bien.
En cuanto a Teruel Existe (un diputado, Tomás Guitarte), indicar que el aragonés seguía este miércoles negociando con el equipo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, para intentar que las ayudas a las empresas que se asienten en la España vaciada reciban unas ayudas calculadas sobre la aplicación de un porcentaje, el 10% a ser posible, sobre los costes laborales, no sobre las cotizaciones a la Seguridad Social, que es lo que ha hecho el Ejecutivo.
Guitarte, según fuentes conocedoras de la negociación, está enfadado porque no le hacen caso. En consecuencia, se decantaría por el “no”, lo que, de producirse, rompería una sintonía presupuestaria que cristalizó en las cuentas de 2021 y en las vigentes, de 2022. Quedará el trámite del Senado, no obstante.
Los impuestos
Con el proyecto presupuestario, Gobierno y aliados, 1; resto de la oposición, 0. La oposición son, esencialmente, las tres formaciones de la derecha. Ahora bien, sobre todo los populares se han embarcado en una escalada dialéctica cuyo final, o parada, no se divisa de momento. El Senado, el martes, fue escenario de una contienda cruda entre el presidente y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Hasta tal punto que el mandatario gallego se proclamó ganador de las citas electorales del año que viene.
El PP lleva tiempo denigrando los presupuestos, que más que presupuestos generales, que es como se llaman, tildan de “hipotecas generales del Estado”, pero esas críticas, como veremos más adelante, tienen que ver con los aliados de Pedro Sánchez en el Parlamento antes que con el reparto de los números.
Las que han vertido estos días a la nueva ley de los impuestos a banca, sector energético y grandes fortunas se han centrado en dos cuestiones: por un lado, hablamos del PP, en pronosticar que lo que quieren conseguir, un aumento de la recaudación a través de los que más tienen y más ganan para nutrir la financiación de los servicios públicos, no se va a producir; y por otro lado, en un aspecto meramente formal.
Para el PP, Vox y Cs ha sido una maniobra parlamentaria "tramposa". Durante el debate en la comisión protestaron por la introducción, vía enmienda, del nuevo impuesto a los patrimonios de más de 3 millones de euros. Es un complemento a ese tributo que la Junta de Andalucía, por ejemplo, ha suprimido. Hacer eso, lo de la enmienda, provoca que los demás grupos no puedan más que votarla en los términos en los que está redactada la propuesta. No se puede registrar una enmienda a la enmienda. El truco, aunque tendrá este jueves un respaldo incontestable en el pleno, fue criticado por el PNV y el PDeCAT, dos formaciones moderadas.
La sedición
El dictamen de la ley de los impuestos (gravámenes, vaya) se aprobará, así que Gobierno y aliados, 2; resto de la oposición, 0. Pero esta oposición, sobre todo el PP, se ha guardado un as en la manga. Antes de continuar: ese as, salvo sorpresa mayúscula, no va a desembocar en el rechazo a la toma en consideración de la proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, sí va a configurar una puesta en escena diferente, lo que ya es un punto. O mini punto.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, también secretaria general del partido, anunció este miércoles que iba a pedir la votación por llamamiento de la admisión a trámite. Lo puede hacer porque el reglamento del Congreso lo permite siempre y cuando lo soliciten dos grupos o una quinta parte de los miembros de la Cámara, es decir, 70 diputados/as. Como los populares tienen 88 escaños, hecho. Una petición así no requiere del plácet ni de la Mesa ni de la Presidencia; es de ejecución automática. No deja margen de reacción a grupos con más diputados en sus filas, tampoco.
Lo que ha pretendido y pretenderá el PP es retratar a los parlamentarios socialistas cuyas circunscripciones están en esas autonomías en las que los barones han reprochado la reforma de la sedición. Desde hace días, el PP está señalando a esos parlamentarios, y este miércoles dio un paso más al crear tuits con sus fotos. La bancada socialista reaccionó con una exhibición de unidad, de modo que el objetivo del partido de Feijóo se ha frustrado antes de iniciar la operación para conseguirlo.
Tanto la discusión de la proposición de ley como su votación retratará dos bloques. Dos bloques enfrentados en este momento con vehemencia y excesiva hostilidad. Lo que sucedió en el pleno este miércoles con Irene Montero, ministra de Igualdad, es un ejemplo. Dos partidos, PP y Vox, criticando con saña; Vox incluso incurriendo en la faceta personal de la dirigente de Podemos. Y un bloque, el progresista, unido contra semejante nivel de hostigamiento.
Dado que los aliados del Gobierno quieren tramitar la reforma del Código Penal que baje las penas de la sedición, el bloque progresista, el mayoritario si se une, volverá a ganar. Por tanto, Ejecutivo más aliados, 3; resto de la oposición, 0. El PP, sin embargo, aunque aquí también Vox y Cs con contundencia, afearán esta componenda de Sánchez, eso que Gamarra llama "pagos" por los apoyos a los presupuestos de 2023, último año de la legislatura, año electoral, año que, si entre los partidos no lo remedian, será bronco y quizá insoportable.
