Por una mayoría de 9 votos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frustrado el intento de ocho vocales conservadores de forzar un debate sobre la derogación de la sedición. Con su propuesta, pretendían que el órgano de gobierno de los jueces diera una respuesta al 'atajo' elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar recabar su dictamen sobre la desaparición del delito con el que el Tribunal Supremo castigó a los líderes del 'procésindependentista en Cataluña.

La propuesta llegó al Pleno de este jueves de la mano de los mismos vocales que vienen conformando la mayoría de bloqueo que está impidiendo la renovación del Tribunal Constitucional (TC) desde el pasado mes de junio, si bien no obtuvo apoyos suficientes. Uno de los conservadores, Vicente Guilarte, se alineó con los vocales del sector progresista. mientras que otro de los consejeros designados por el PP, Wenceslao Olea, votó en blanco.

La propuesta iba dirigida a reclamar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del CGPJ sobre la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y crear un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. El informe preceptivo que tendría que haber realizado este órgano fue soslayado al incluirse la reforma en una Proposición de Ley planteada por los grupos parlamentarios, en vez de tramitarse como proyecto de reforma del Gobierno.

La votación, celebrada en el marco del Pleno ordinario celebrado este jueves, ha tenido lugar justo el mismo día que arranca en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de los partidos políticos que forman el Gobierno.

Voto particular

Una de las proponentes, la vocal Nuria Díaz Abad, ha redactado un voto particular al que se han adherido los otros siete vocales que apoyaban la propuesta. En este texto, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica,  los conservadores inciden en que "los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia".

En este sentido, los ocho puntualizan que ya existen precedentes en el CGPJ de emisión de informes sobre proposiciones de ley, en referencia a los informes al proyecto de Constitución Europea en 2003, a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña o a la reforma del Código Civil relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005.

Al hilo, llaman la atención sobre el hecho de que "en reiteradas ocasiones" el CGPJ se encuentra con "importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma".

La proposición de ley orgánica que presentaron el PSOE y Unidas Podemos plantea derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados que contempla penas de 3 a 5 años de prisión, frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente en el caso de que el delito lo cometan autoridades. Se propone que "el delito de desórdenes públicos sea cometido por una multitud cuyas características -número, organización y finalida-- sean idóneas para afectar gravemente el orden público, entendido como el normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos".