El procés toma aire tras la desjudicialización y entra en la fase del referéndum pactado

Pasado ya un lustro del convulso otoño de 2017, la Cataluña del procés se ha acomodado al ‘mientras tanto’ y ha dejado a un lado los ultimátums y las prisas por la desconexión. La judicialización de la política, la politización de la justicia y la falta de una hoja de ruta compartida por el independentismo, sumido en una profunda crisis que llegó a romper la coalición entre ERC y Junts en el Govern, provocaron el empleo de la vía pactista con el Estado y la renuncia, nunca explícita, a la unilateralidad.

El reconocimiento de la existencia de un conflicto político marcó el inicio de una mesa de diálogo que se retomó con ERC al frente del Palau de la Generalitat. Los indultos a los presos del 1-O, el levantamiento del veto del Tribunal de Cuentas a admitir los avales del Govern, el archivo de la macro-causa por los cortes en la AP-7 del Tsunami Democràtic, el retorno de la ahora 'consellera' Meritxell Serret –y, por ende, de Anna Gabriel- y la reforma del Código Penal aparecen en la lista de ‘logros’ del foro de diálogo en 2022.

La amnistía que exigía el independentismo se ha transformado en la desjudicialización -un término mucho más amable para el PSOE al no tener las connotaciones de la Transición-, con la voluntad de cerrar las heridas judiciales del 1-O, con la derogación de la sedición y los retoques en el delito de malversación, que acercan un regreso de los que todavía permanecen en el extranjero -en especial, del expresident Carles Puigdemont- con las peticiones de condena reducidas y que aminoran el castigo a los que fueron encarcelados después de haber sido indultados una vez se revisen sus condenas, algo que puede suponer su vuelta a las listas electorales. El cuándo y el cómo depende ahora de la interpretación de los jueces.

Para coronar la carpeta de la desjudicialización, socialistas y republicanos se comprometieron en julio a reunir de nuevo la mesa de diálogo antes de dar comienzo al 2023 con el fin de sancionar los pactos, pero la crisis judicial y las heridas en el PSOE por la reforma de la malversación se llevaron por delante cualquier incentivo para citarse. Esquerra necesitaba la fotografía para lucirla ante Junts y la CUP –más todavía si se tiene en cuenta que tocaba reencontrarse en Barcelona-, pero el presidente Pedro Sánchez no iba a facilitar un arma electoral al PP habiendo cumplido con su parte en el Congreso.

Todavía menos después de que los republicanos anunciaran que forzarán el cambio de fase. En plena urgencia de partido por la actualización de sus planes en un congreso extraordinario, y con el PSOE ardiendo por la reforma penal, ERC pregonó su voluntad de conseguir un referéndum pactado (tirando de la 'vía Montengro', asumida ya por la Unión Europea) con el president Pere Aragonès dispuesto a reunir apoyos en un particular acuerdo de claridad que, por ahora, solo avalan los comuns. El PSOE cierra la puerta a cualquier consulta sobre la independencia, pero los republicanos necesitan marcar el relato en el flanco puramente independentista y ganar simpatía en una comunidad internacional anonadada por lo sucedido en Cataluña con un plan de mayorías y sin relatos mágicos.

El futuro que le depara a la mesa de diálogo está en el aire. El foro será sometido a una hibernación por las municipales y autonómicas de mayo, pero la prueba de fuego será en las generales, que marcarán la continuidad de Sánchez en Moncloa. Sin Sánchez, no hay mesa de diálogo. Quedan meses por delante y la dependencia entre los socialistas y los republicanos continuará si el Gobierno quiere encarrilar las generales luciendo obra legislativa. La batalla político-judicial de la derecha está en marcha pese al desbloqueo del Tribunal Constitucional, así que los republicanos son conscientes de que son necesarios para Moncloa, al igual que el PSOE sabe que no hay otra mayoría posible que volver a cuidar a los socios ante la negativa popular a forjar pactos de Estado, constatado ya con la frustrada renovación del CGPJ y con Alberto Núñez Feijóo dispuesto a modular aquel liderazgo que prometió ser moderado. Las elecciones siempre complican los pactos, más todavía con unas municipales y autonómicas decisivas para medirse en poder de cara a las generales en un mismo año.

El asunto pendiente en Cataluña

En Cataluña el gran asunto pendiente sigue siendo los presupuestos de la Generalitat, pero la relación entre el PSC y ERC es mucho más compleja. En los cuarteles republicanos y socialistas están convencidos de que podrán alumbrar un acuerdo. Pero no será fácil. Los recelos mutuos se evidencian con reproches y cualquier maniobra es vista como una justificación de la desconfianza.

En el PSC recalcan deslealtades –como haber anunciado medidas en defensa del catalán tras un Consell Executiu extraordinario pasando por alto el pacto por la lengua del que forman parte- y el escándalo en la cúpula de los Mossos d’Esquadra –pilotada por el conseller Joan Ignasi Elena, exsocialista-. En Esquerra subrayan que con Junts envuelto en la táctica de esperar el pacto PSC-ERC para descolgarse de la negociación deben mantener las dos vías abiertas. Ahora bien, habrá que hacer equilibrios y, sobre todo, acompasar calendarios. Enero será decisivo.

A ninguno de los dos les conviene pactar ya en febrero, por las municipales, pero a Salvador Illa tampoco le interesa que un Govern de Aragonès en minoría pueda contar con el triunfo de las cuentas. Así que todo está en manos de cuántas medidas estrella es capaz el PSC de afianzarse, especialmente después de que ERC haya lucido el apoyo de los sindicatos, la patronal y los comuns. La mesa entre partidos catalanes que reclama Illa está en las conversaciones, pero Aragonès quiere pactar un orden del día para citar a todos los partidos y busca usarla para presentar oficialmente su acuerdo de claridad, algo que no está dispuesto a asumir el PSC. Así que el 'procés' toma aire con la reivindicación de un referéndum acordado sin plazos y con la vista puesta en las elecciones, cuyas urnas medirán la satisfacción de la alianza y los acuerdos entre dos los dos principales rivales electorales en Cataluña.

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