El Gobierno prepara nuevas ayudas al agua desalada para contentar a Ximo Puig

El camino a las elecciones autonómicas y municipales de mayo comienza su andadura con tensiones entre el Gobierno y uno de sus barones de más peso, Ximo Puig, por el agua, un asunto casi identitario en la Comunidad Valenciana. La confluencia en el tiempo de dos temas -la finalización de las ayudas al agua desalada para la agricultura y los cambios en el trasvase del Tajo Segura por la revisión de los planes hidrológicos- ha enfrentado al presidente valenciano con el Ejecutivo.

Pero en el Gobierno no acaban de entender este choque porque desde hace semanas se está trabajando en el diseño de nuevas subvenciones para abaratar el precio de las desalación. Un real decreto con subvenciones a la producción de agua en plantas desaladoras, de carácter "transitorio", hasta que el despegue de las energías renovables, en el horizonte probablemente de 2026 o 2027, consiga reducir su coste. Según fuentes del Ejecutivo tanto la Generalitat como los regantes "están informados" de que éste es el plan del Ministerio de Transición Ecológica y en la última semana del mes de diciembre se mantuvieron reuniones. En ellas, añaden, se avanzó incluso en un acuerdo sobre la cuantía de la subvención.

A la largo de este año han estado vigentes ayudas para el abastecimiento de agua de regadío destinadas a paliar los efectos de la sequía pero la mejora de las condiciones climáticas ha hecho que expiren este 31 de diciembre. Es cierto, como denuncian las asociaciones de agricultores, que sin ellas el precio del agua se triplica pero también lo es que conocen, según el Ministerio que dirige la vicepresidenta, Teresa Ribera, la inminente puesta en marcha de nuevas subvenciones.

La previsión es que el Consejo de Ministros las apruebe a lo largo de este mes, después de "debatirlas y consensuarlas con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre", reiteran, en referencia a que Generalitat y regantes conocían que se estaban buscando soluciones al fin de las ayudas por la sequía.

Desde el Gobierno valenciano se admite que sabían que se estaban ultimando pero eso es compatible con que el presidente de la Generalitat reclame al Gobierno que actúe justo cuando se ha hecho público el fin de la subvención que ha estado vigente en 2022. Puig recordó que la Comunidad Valenciana es "un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua”.

El trasvase del Tajo-Segura

Pero es que además el coste del agua desalada se entremezcló este martes con la introducción de cambios en el borrador de real decreto de revisión de planes hidrológicos. Después de que hace dos meses se llegara a un acuerdo, en el seno del Consejo Nacional del Agua, para la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, en la Comunidad Valenciana sostienen que se han introducido cambios para alterar las condiciones de su continuidad más allá de 2025. El primer texto obligaba a una exhaustiva evaluación antes de fijar un caudal ecológico mínimo que ponga en riesgo el trasvase.

Según aseguran desde el Ministerio el procedimiento normal es que el acuerdo inicial del Consejo Nacional del Agua se someta a alegaciones y eso es, señalan, justo lo que se ha hecho, porque se trata de planes "sujetos a un procedimiento de información pública y de participación pública y en cada paso se incorporan correcciones, ajustes y mejoras". Se destaca, además, que la creación de caudales ecológicos es un "requisito ineludible que tenemos que acatar para dar cumplimiento a varias sentencias y requerimientos de la Unión Europea, que han llegado a la conclusión de que el río Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental".