Nueva proposición del PP

El Congreso entra en bucle con el CGPJ: 11 propuestas, 5 debates y ningún resultado

Desde que empezó la legislatura, los grupos parlamentarios han planteado hasta once proposiciones de ley relacionadas con la situación actual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) | Entre las que se retiraron, las inadmitidas y las aprobadas que no ocasionaron cambios inminentes, permanece la sensación de que el consenso político es inviable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control celebrada el 21 de diciembre de 2022 en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control celebrada el 21 de diciembre de 2022 en el Congreso de los Diputados. / EFE

Ángel Alonso Giménez

El grupo popular en el Congreso se dispone a registrar una nueva proposición de ley para conseguir el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y sobre todo, blindar su despolitización y su independencia. Será la undécima desde que empezó la legislatura. Ninguna de las diez anteriores ha logrado el objetivo.

Los vocales del órgano de gobierno de los jueces (20) llevan más de cuatro años en funciones. La última vez que una mayoría parlamentaria se puso de acuerdo para la designación de los vocales que correspondía ocurrió hace una década. Salvo las recientes alianzas progresistas en el Congreso para propiciar ciertos cambios, aunque nunca con los niveles de consenso requeridos por la Constitución, no se ha producido ni una sola señal que invite al optimismo. La narrativa partidista persiste en el empeño de culpar al adversario. Una narrativa que, como si fuera un tornado, ha encerrado a la Cámara Baja en un bucle. 

El PP lo va a intentar otra vez, pese a todo. Sabe de sobra que ni siquiera reunirá la mayoría necesaria para que el Congreso tome en consideración su nueva propuesta. Le interesa el debate, que cada partido se retrate. Le interesa que la UE observe la secuencia. Poco más.

Quiere el partido de Alberto Núñez Feijóo que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. Del Congreso y del Senado dependerán los otros ocho.

Como lo que persigue es la ruptura de cualquier injerencia de lo político en lo judicial, el PP propone que no puedan aspirar a las vocalías quienes hayan ocupados cargos electos, en la administración a instancias de un partido o en las propias formaciones políticas durante los cinco años anteriores. Además, en sentido inverso, si un juez o jueza se presenta como candidato en unas elecciones o es nombrado para un puesto de confianza de un político, deberá declararse en excedencia. El radio de acción de la proposición de ley alcanzará no sólo al CGPJ, sino además al Tribunal Supremo y a sus salas. 

Cuando al PP le permita el cupo de defensa de propuestas legislativas ante el pleno, lo que, como segundo grupo del Congreso, le sucede con relativa frecuencia, llevará su planteamiento al hemiciclo y forzará una votación: la de la admisión a trámite. Lo más probable es que ni siquiera pueda cruzar esta línea.

Porque, para empezar, no sería la primera vez que le pasa. En septiembre de 2021 defendió una proposición de ley similar y la mayoría progresista rechazó la toma en consideración. Un año antes, Ciudadanos propició un debate casi idéntico y el resultado fue el mismo. 

La razón fundamental del ‘stop’ es otra, no obstante: que la mayoría parlamentaria no acompaña.

El bucle (I): los debates

Empecemos por los debates y por sus desenlaces. En el párrafo anterior, dos precedentes. Vamos a analizarlos con más detalle.

Septiembre de 2020. Ciudadanos defendió ante el pleno la admisión a trámite de una proposición de ley para "el refuerzo de la independencia judicial". Planteaba cambios en varios artículos en pro de la despolitización, entre ellos el 567. Aspectos por los que abogó la formación de Edmundo Bal: los vocales no podrán superar los dos mandatos consecutivos, es decir, 10 años en el puesto; los ocho vocales que dependan del Congreso y del Senado llevarán más de 15 años de ejercicio; y serán inelegibles los que durante los ocho años anteriores hubieren tenido vínculo de algún tipo con un partido político.

Septiembre de 2021. El PP pidió la toma en consideración de una proposición de ley para el “reforzamiento de la independencia del Poder Judicial”. Casi un calco del título de la anterior. Los populares plantearon que los vocales sean elegidos por y entre los jueces, en consonancia con recomendaciones de entidades europeas. Apostaron por mayorías cualificadas para los nombramientos (vuelve a pedirlo en la propuesta reciente) y por impedir el acceso a quienes hayan ejercido cargos o cometidos políticos durante los diez años anteriores.

En ambos casos, el pleno dijo ‘no'. La de Cs tuvo 152 votos a favor; la del PP, 154. Sin embargo, enfrente, el bloque progresista, más fuerte, más diputados. 174 parlamentarios apartaron la propuesta de Cs; 190 excluyeron la del PP.

Los intentos del PSOE y de Unidas Podemos sí han cuajado. En marzo de 2021, el Congreso aprobó una proposición de ley conjunta para limitar las capacidades del CGPJ cuando esté en funciones, por ejemplo no designar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde por cupo.

En julio de 2022, los mismos grupos, socios de Gobierno, lograron que la Cámara avalara otra proposición de ley que revertía una de esas prohibiciones: sí podrán nombrar a los magistrados del TC.

Y recientemente, el mes pasado, el pleno dio el visto bueno a una reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, retocaba a través de una enmienda la ley del poder judicial para voltear la mayoría conservadora del órgano de garantías.  

El bucle (II): las propuestas

El primer intento de PSOE y Unidas Podemos para renovar el órgano de gobierno de los jueces resultó un fiasco. Retiraron la propuesta después de las dudas que la iniciativa creó en la UE. Esto pasó entre octubre y diciembre de 2020

En la exposición de motivos de la proposición de ley aparece el motivo del fracaso: rebajar el umbral de la mayoría parlamentaria necesaria para proceder a la renovación. Los tres quintos se mantuvieron para la primera, pero para la segunda postularon la mayoría absoluta (176 diputados). El mecanismo copiaba el de RTVE. 

Actualmente, Unidas Podemos insiste en que dicha rebaja es imprescindible si se trata de evitar el sonrojo de que, acabada la legislatura, sigan los mismos vocales que la empezaron. El PSOE no lo comparte. La UE protestó una vez; puede volver a hacerlo. Pedro Sánchez será presidente de turno de la Unión a lo largo de la segunda mitad del año.

De aquella proposición inicial, el Gobierno retuvo el segundo pilar y lo llevó a una nueva propuesta. Copió párrafos enteros como el de la “necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente”. Los nombramientos, sin ir más lejos. El 11 de marzo de 2021, 196 diputados (PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, PNV, Bildu, CUP, etc.) apoyaron las medidas. PP, Vox y Cs votaron en contra.

Un año y cuatro meses más tarde, PSOE y Unidas Podemos se enmendaron. Lograron la aprobación de una proposición de ley que devolvía a los vocales del CGPJ la facultad de designar a dos magistrados del Constitucional, pues sus respectivos mandatos caducarían en septiembre. Una mayoría de 187 parlamentarios se impuso a PP, Vox y Cs tras un trámite exprés.

Como la ley no azuzó a los vocales del CGPJ, el Gobierno intentó el cambio en el Constitucional por medio de una enmienda a la última reforma del Código Penal. El método, aunque habitual, animó al PP a pedir un recurso de amparo. Le salió bien la jugada, pues si bien el pleno del Congreso pudo completar el procedimiento y dar el ‘ok’ a la propuesta, de lo que la mayoría progresista fue artífice, no así el pleno del Senado. 

Balance infructuoso

Hasta ahora se han repasado cinco debates y seis propuestas, incluida la que retiraron los socios de Gobierno un mes después de registrada.

A pesar de los efectos limitados que el trabajo parlamentario está generando en el poder judicial, se avecina un debate más derivado de una propuesta más, la del PP. Puede que no sea el único debate que se celebre. 

Vox, tras retirar una iniciativa del mismo tenor en octubre de 2020, tiene pendiente desde finales de agosto la toma en consideración de una proposición para “la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial”. Pretende acabar con la “apropiación” del poder judicial por parte del Parlamento, remarca el grupo de Iván Espinosa de los Monteros en el texto registrado. Vocales nombrados por los jueces y despolitización, he aquí las columnas maestras de la propuesta.

Cs conserva dos propuestas (de febrero y diciembre de 2021) encaminadas a la despolitización del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Y se ha unido a la ‘fiesta’ JxCat. En septiembre de 2022 registró una proposición de ley con la que solicita “el cese inmediato”, y en todas las funciones, de los veinte vocales del CGPJ, siempre y cuando, llegado el momento de la renovación, no hubiese acuerdo parlamentario.

Que no haya acuerdo, visto lo visto, es lo más probable, pero el Congreso no desiste.