Conde-Pumpido, el nuevo presidente del TC al que la derecha no perdona haber sido fiscal general con Zapatero

Cándido Conde-Pumpido, nuevo presidente del Tribunal Constitucional, es el mejor ejemplo de cómo una trayectoria profesional de 50 años puede quedar reducida a una frase. Al menos, para la derecha judicial y mediática, que nunca le ha perdonado su proximidad a los gobiernos socialistas y, en concreto, su etapa como fiscal general del Estado durante el de José Luis Rodríguez Zapatero.

La frase con la que, durante el alto fuego de la banda terrorista ETA, ejemplificó que los fiscales deben actuar teniendo en cuenta la realidad social (“El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”) le ha acompañado hasta su propia elección al frente el Constitucional. Los vocales conservadores han apoyado en bloque a la otra candidata, la también progresista María Luisa Balaguer.

Magistrado de carrera, su cierta vehemencia en determinadas deliberaciones vividas en el Constitucional a la hora de defender su posición tampoco le ha ayudado a lograr la unanimidad del pleno del Constitucional, ni siquiera la del sector progresista, donde ha tenido que enfrentarse a la catedrática de Constitucional Balaguer. Ni que en un primer borrador de su voto particular a la sentencia que anuló el estado de alarma decretado durante la pandemia llamara a la mayoría del pleno "extravagante, propia de un lego y un jurista de salón". Tuvo que disculparse con sus compañeros del pleno para que accedieran a volverse a reunir y continuar con las deliberaciones.

Priorizar actualidad

En su programa para presidir el Constitucional incluyó la necesidad de priorizar los recursos por antigüedad, para descartar la imagen del retraso en la resolución de impugnaciones en función de ciertos intereses y evitar así que se repitan casos como el del aborto, pendiente desde hace más de una década, pero también otros más recientes, como la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos en funciones o la pérdida del escaño del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Una política que contrastaba con la de Balaguer, más partidaria de que los conflictos políticos se resuelvan en ese ámbito y dar tiempo para que así sea.

Pero lo que resulta indiscutible en este coruñés de 73 años es su conocimiento del Derecho Penal, circunstancia que en ocasiones le hizo separarse de los votos particulares de otros magistrados progresistas, como Juan Antonio Xiol, expecialista en civil, y Balaguer, que es catedrática, por ejemplo, al resolver los recursos de los condenados por el 'procés'.