Tribunal Constitucional

La lucha de Alberto Rodríguez por el escaño se refuerza en el Constitucional

La nueva mayoría progresista en el tribunal de garantías quiere sentenciar cuanto antes el recurso del ex diputado de Podemos para volver al Congreso

Audiencia del Rey con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional.

Audiencia del Rey con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. / BALLESTEROS

Joaquín Anastasio

Una nueva ventana de oportunidad se la acaba de abrir al ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez para recuperar su escaño en el Congreso tras la reciente renovación del Tribunal Constitucional (TC), dominado ahora por una mayoría progresista, con siete representantes frente a cuatro conservadores, y la declarada voluntad de su nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, de reactivar varios de los recursos importantes que estaban pendientes de la anterior etapa. Según distintas fuentes judiciales, una de las sentencias pendientes que la nueva mayoría progresista quiere resolver es la referida al recurso del ex diputado tinerfeño por la retirada del acta parlamentaria, y consiguiente pérdida del escaño, decretada por la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, en octubre de 2021, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al también ex dirigente de Podemos por agredir a un policía en diciembre de 2014 durante una manifestación en La Laguna.

El Supremo le impuso a Rodríguez una pena de un mes y medio de prisión que fue sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (ser elegible) durante el mismo tiempo. En un primer momento, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, se inclinó por mantener a Rodríguez en su escaño apoyándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que sostenía que la sentencia no debía tener efectos extrapenales ya que, según su interpretación, la pena de cárcel, que si habría conllevado la pérdida del acta, había sido sustituida por una sanción que el diputado ya había pagado.

Sin sustitución

Tras distintas aclaraciones por parte del Supremo, finalmente la presidenta del Congreso ejecutó la sentencia para dejar sin escaño al tinerfeño, que abandonó Podemos al día siguiente, sin que desde entonces ninguna de las personas que le seguían en la lista se haya postulado para sustituirle y ocupar su puesto en la Cámara Baja.

Rodríguez interpuso poco después sendos recursos ante el TC contra la propia sentencia del Alto Tribunal, y contra la decisión de Batet. El órgano de garantías consideró que concurre «especial trascendencia constitucional» porque ambos recursos plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina, y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto, pudiendo tener unas consecuencias políticas generales. «La cuestión suscitada en el amparo parlamentario radica en determinar si ha resultado vulnerado o no el derecho del recurrente a permanecer en el ejercicio del cargo público representativo al haberse acordado su sustitución como diputado del Congreso», señaló el auto de admisión a trámite.

Lío jurídico

La Fiscalía, por su lado, se pronunció poco más tarde en contra del primer recurso, pero a favor del segundo asumiendo los argumentos de la defensa del ex diputado. Profundizó en esos postulados y señalaba que hubo una falta de ponderación de los derechos fundamentales en juego por parte de Batet cuando se le privó del escaño al entonces diputado tinerfeño. Abundaba así en «la desproporción entre la levedad de la pena impuesta y la gravedad letal de su efecto extrapenal causa (...) de una relevante circunstancia (inejecutable) consistente en la desmesurada dilación del procedimiento judicial». De esta forma, el fiscal señalaba que cabría «conjeturar que una sentencia dictada a tiempo habría evitado este efecto», y sostenía que la decisión que adoptó Batet adolece de un «doble automatismo» de interpretación de la sentencia del Supremo porque, a su juicio, «puede existir margen para otro entendimiento de la Ley».

Sobre este marco jurídico, la nueva situación en el Constitucional podría perfectamente amparar el recurso toda vez que la mayoría progresista parece estar más cercana a la interpretación de la Fiscalía, ponderando más la pérdida de derechos para Rodríguez que supuso la decisión de Batet, que una ejecución de sentencia discutible porque en la misma nunca se señalaba de manera explícita que implicaba la retirada del escaño. Además, se da la circunstancia de que uno de los magistrados sobre los que recayó la tarea de redactar una de las ponencias, el conservador Santiago Martínez-Vares, en concreto la que se refiere al fondo del asunto y sobre si su condena de mes y medio de prisión debe ser confirmada o revocada en amparo, ha causado baja tras el proceso de renovación del órgano, siendo sustituido por la progresista María Luisa Segoviano.

Bloqueo resuelto

La otra sentencia, la de las cautelares sobre la devolución del escaño, está en manos de otra magistrada progresista, María Luis Balaguer, quien compitió hasta última hora con Conde-Pumpido por la presidencia del Constitucional.

Desde mayo pasado, cuando se admitieron a trámite los recursos, el pleno del Constitucional no ha vuelto a incluir el caso en su agenda para resolver tampoco las medidas urgentes. La razón, según fuentes jurídicas, es que ninguna de las dos ponencias ha sido presentada y la relativa a las cautelares no lo será hasta que la sustituta de Martínez-Vares tenga lista la suya sobre el fondo del asunto. La situación de bloqueo en ese tribunal durante los últimos meses ha evitado además cualquier avance al respecto hasta la fecha.

Resolución en campaña

Así las cosas, y tras la declarada voluntad del nuevo equipo de reactivar algunas sentencias pendientes importantes como la reforma de la ley del aborto de 2010, o las de la reforma laboral, entre otras, la que en su caso se pudiera producir sobre el escaño de Alberto Rodríguez podría llegar en los próximos meses, aunque no hay consenso en el ámbito jurídico sobre el plazo que aún le puede quedar a este proceso. El escenario más optimista apuntaría a una resolución en plena campaña electoral para las autonómicas y locales del próximo 28 de mayo, pero también se apunta a que la doble vía jurisdiccional de los recursos en estudio dentro del propio TC (penal la del referido a la sentencia del TS y contecioso-administrativa la del escaño) conlleva una dilación del procedimiento y podría retrasar al menos hasta después del verano el desenlace del proceso.

Rodríguez participará como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias al frente de su nuevo partido político, Proyecto Drago, y una sentencia sobre su recurso durante ese tiempo podría tener mucha influencia en sus expectativas de voto, sobre todo si se le da la razón. De momento, el ex diputado tinerfeño mantiene sus aspiraciones electorales al margen del resto de formaciones afines ideológicamente, que han acordado una candidatura conjunta bajo el paraguas de Podemos, con la coordinadora regional y consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, como candidata a la presidencia.

Tampoco se ha definido Rodríguez sobre su posible futura confluencia con el proyecto Sumar que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno central y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Suscríbete para seguir leyendo