El Supremo reclama a las Cortes una solución inmediata a su "insostenible situación"

La renovación del Constitucional y la derogación de la sedición y la reforma de la malversación ha hecho que el foco se aparte de la falta de relevo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cuatro años en funciones. Y con ello de su principal consecuencia: la no cobertura de las vacantes que se producen en el Tribunal Supremo, que ya alcanza el 30% de su plantilla.

Para tratar de subsanarlo, la Sala de Gobierno del alto tribunal ha acordado por unanimidad insistir al Consejo para que inste al Congreso y al Senado “el imprescindible remedio inmediato” de la “situación insostenible” en que se encuentra el tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de magistrados. Actualmente son 19 de la plantilla legal de 79 (24%) y en los próximos meses sumarán 24 vacantes de 79 plazas, lo que representará un porcentaje del 30,37%.

Los magistrados de la Sala de Gobierno adoptaron este acuerdo tras hacer suyo un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, pedido por el propio CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal por la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales mientras el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones, lo que no parece que vaya a acabar hasta al menos las próximas elecciones.

Más de un millar de sentencias menos

La Sala de Gobierno considera necesario que las Cortes establezcan un “remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore”, ante la estimación de que en 2023 sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), “con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone”, y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” de ambas salas.

De hecho, ante la “situación crítica” en que se encuentran actualmente las Salas de lo Social, con cinco vacantes en una plantilla de 13; y la de lo Contencioso-Administrativo, con 10 de 33, la Sala reclama en su acuerdo la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, ocho para la Sala Tercera y siete para la Cuarta, con retribución de letrado coordinador para ser cubiertas preferentemente por magistrados, que se ocupen de los borradores de sentencia donde ya hay jurisprudencia consolidada.

El informe aprobado explica que el Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de 19 vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos vacantes en la Sala Primera, 10 en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Quinta, lo que supone que el Tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista.

En los próximos meses de 2023 se producirán cinco vacantes más por jubilación, una en cada una de sus salas. Además están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de los presidentes de las salas de lo Contencioso y Social.

Según destaca el informe, “con una situación de la que el Supremo no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas”.