Castilla y León

Vox le aprieta las tuercas al PP y busca evitar el castigo habitual del "pez chico"

Los socios minoritarios de las coaliciones tienden a empeorar su resultado en los siguientes comicios, opacados por el partido grande

El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. / EFE

Manuel Herrera

Los caminos de la política son inescrutables. Todo cambia a una velocidad de vértigo y cualquier soplo de viento se puede llevar por delante las previsiones más sesudas. Con esa premisa por delante, existen teorías electorales que, aun lejos de contener la verdad absoluta, ofrecen pistas, anticipan los resultados más probables y condicionan la acción de los partidos. Conscientes de esos escenarios, los interesados tratan de escapar de los destinos sombríos y de arrimarse a las inercias favorables.

En ese marco, existen distintos estudios de expertos en la materia que señalan que el pez grande se come al chico en las coaliciones electorales. Es decir, que el socio mayoritario rentabiliza su posición al frente de los Gobiernos, en detrimento muchas veces de su compañero minoritario, por causas como la dificultad de este último “a la hora de apropiarse de los éxitos de la acción gubernamental y diferenciarse del partido que preside el Ejecutivo”, como publicaron en 2016 Berta Barbet y Javier Viñarás. Otro artículo sobre este asunto del politólogo Joan Font, basado en la experiencia democrática acumulada durante el siglo XX, concluye que “gobernar en coalición presenta riesgos para quien no ocupa la jefatura del Ejecutivo”.

Eso decían los datos hasta 1999, pero también lo siguen apuntando desde entonces, como se puede comprobar al hacer un análisis de lo sucedido con los socios minoritarios, en los distintos niveles territoriales, durante el periodo reciente. Lo habitual es que quien ocupa la posición débil termine magullado tras el siguiente paso por las urnas, y ese es el riesgo que asume ahora Vox. El partido liderado por Santiago Abascal sabe que corre el peligro de salir del pacto en Castilla y León desposeído de su vigor inicial y que ha de convencer al electorado con movimientos que, en algunos casos, pueden no resultar del todo atinados y le pueden generar tensiones graves en el seno de la coalición.

Solo Vox sabe cuánto hay de sincero y cuánto de impostura en su aparente firmeza a la hora de defender la implantación de un nuevo protocolo en la atención a las mujeres que deciden una interrupción voluntaria del embarazo. Su posición, combinada con la reacción del Partido Popular, ha conducido al Gobierno autonómico hacia el primer abismo de la legislatura y ha mostrado que el socio minoritario, incluso desde el poder, está decidido a dar la batalla ideológica lo escorado a la derecha que haga falta.

El resultado de esa estrategia está por ver, a la espera de saber también si la legislatura actual tiene la duración habitual de cuatro años o si concluye de forma súbita. Mientras tanto, Vox trabaja con la certeza de conocer que, en las elecciones autonómicas celebradas en los últimos treinta años, los socios minoritarios de los Gobiernos salientes han perdido apoyos en el 70% de los casos. Una tasa similar se encuentra al bucear en los ejemplos de los países europeos, sin casos en España a nivel estatal, y también en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Los datos generales son estos, aunque tampoco conviene disociar el resultado electoral de un socio minoritario de la tendencia de la marca política que lo ampara. Lo ocurrido, sin ir más lejos, en las elecciones celebradas en la Comunidad de Madrid en mayo del 2021 no solo es un reflejo de la capacidad del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso para rentabilizar su labor al frente del Gobierno de coalición con Ciudadanos, sino también una muestra de la debilidad de la formación naranja, que pasó de 26 escaños a la desaparición.

Un ejemplo opuesto, y quizá menos escandaloso, se encuentra en los resultados del PSOE en 2019, que fueron positivos para los socialistas que ejercían como socios minoritarios en Canarias y en Cantabria, de la mano de la tendencia favorable a nivel nacional de la marca, que venía de ganar unas Elecciones Generales apenas cuatro semanas antes. Pero, más allá de circunstancias concretas, el patrón es evidente y penaliza a quien parte como segundo de a bordo de un Gobierno, sea de la naturaleza que sea.

En la experiencia concreta de Castilla y León, es cierto que no hay ejemplos para el análisis. Lo más parecido es lo que le sucedió a Ciudadanos en febrero del año pasado, aunque el partido naranja había quedado fuera del Gobierno autonómico casi dos meses antes del paso por las urnas. La inercia de la marca era similar, además, a la previamente descrita de la Comunidad de Madrid, por lo que el resultado fue pasar de los doce procuradores de 2019 al que tiene actualmente: el exvicepresidente Francisco Igea.

En cuanto al resto de las autonomías, en Castilla-La Mancha solo aparece un caso en los años analizados, y corresponde a lo sucedido en 2019 con Podemos, que formaba parte de un Gobierno de coalición con el PSOE. El partido morado perdió los dos representantes que tenía y desapareció del parlamento. En Aragón, las coaliciones han sido más comunes y han resultado dañinas electoralmente para tres de los cinco socios minoritarios implicados, mientras que, en Navarra, la bajada de apoyos esperaba a cuatro de los seis partidos que se han visto en esa tesitura a lo largo de los últimos treinta años.

Peor aún le fue al pez chico en Baleares, donde se produjo una bajada en cinco de los seis casos en los que un socio minoritario del Gobierno autonómico concurrió al siguiente proceso electoral. En 2019, por ejemplo, Més cedió dos asientos y Podemos, cuatro. El socio mayoritario, el PSOE, se aprovechó para ganar cinco escaños. En la Comunidad Valenciana solo hay dos ejemplos, pero los dos amparan la teoría: el más reciente señala una bajada de Compromís en 2019, mientras que el más remoto, que data de 1999, muestra cómo el Partido Popular se llevó por delante los cinco escaños que tenía Unión Valenciana, su socio hasta entonces en el Ejecutivo.

Por lo demás, se produjeron resultados dispares en Canarias o en Asturias, La Rioja fue contracorriente en su única experiencia, aunque sin variación en el número de parlamentarios, y Cantabria se convirtió, con el PRC de Miguel Ángel Revilla, en el vivo ejemplo de la ventaja que ofrece concurrir a unas elecciones desde la cúspide del Gobierno. La cesión de la presidencia que el PSOE le hizo a la formación independiente en 2003, a pesar de que los socialistas tenían más escaños, precipitó el triunfo posterior de los regionalistas.

Con estos precedentes, Vox es consciente de que su presencia en el Gobierno de Castilla y León, con 13 procuradores que se suman a los 31 del PP, conlleva determinados riesgos. Aunque la situación de la marca no sea la misma, el ejemplo de Ciudadanos está siempre presente en la mente de los de Abascal, que vieron de cerca lo sucedido en Andalucía. Allí, el partido naranja pasó de ser el pez chico del Ejecutivo con 21 parlamentarios a quedarse a cero. Juan Manuel Moreno, del PP, es desde junio del año pasado, presidente con mayoría absoluta.

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Los ejemplos sobre las dificultades que encuentran los socios minoritarios para mantener o incrementar los apoyos en el siguiente proceso electoral se encuentran también en los comicios celebrados en los tres últimos decenios en diferentes países europeos y en el plano municipal. Dejando fuera los ayuntamientos de menos de 50.000 vecinos, cuyos resultados entrañan más particularidades, en el resto, la caída espera al pez chico en dos de cada tres casos. Zamora tiene un ejemplo muy reciente para ilustrar esta realidad. En el año 2015, las opciones progresistas consiguieron desalojar al Partido Popular de la Alcaldía después de veinte años, merced a un pacto entre Izquierda Unida (ocho concejales) y el PSOE, que obtuvo cinco, aunque dos de ellos iniciaron ya el mandato como no adscritos. IU y el PSOE alcanzaron un pacto de Gobierno y sellaron un reparto de áreas que se mantuvo vigente hasta las elecciones del año 2019. En esa votación, el socio mayoritario se disparó hacia la mayoría absoluta y logró catorce concejales, mientras que el minoritario, en este caso el PSOE, vio reducido su botín a tres.

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