La exoneración del catalán en la sanidad tensiona el Govern balear

La exoneración del catalán en la sanidad pública balear está tensionando el Pacto de Govern, principalmente entre el PSIB, que detenta la conselleria de Salud, y sus socios de Més per Mallorca. La Obra Cultural Balear amenazó hace unos días con impugnar ante la Justicia la estabilización de funcionarios si se exonera el catalán a los sanitarios, lo que encendió todas las alarmas dentro del Ejecutivo balear. El problema viene de lejos y, pese a los reiterados avisos, se ha hecho caso omiso durante un largo periodo. Hasta que ha estallado. Representantes de la OCB, Més y el PSIB han mantenido contactos para buscar una solución a esta situación, aunque las posturas siguen lejanas y anquilosadas.

Una historia que se repite. En 2021 los ecosoberanistas ya abroncaron a los socialistas por su "pasividad" en la defensa del catalán en las administraciones que los socialistas gestionan y acusaban a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "tibieza" en este tema.

Las presiones de los satélites de Més han ido en aumento, sobre todo a raíz de la amenaza de la OCB, porque la protección del catalán es un tema irrenunciable en un momento en que el uso social de la lengua está en fuerte retroceso. Los nacionalistas siguen teniendo la sensación de que la protección de la lengua ha sido menos vigorosa de lo que debería en los últimos años. 

Además, el IB-Salut es el organismo público que acumula más quejas en la Oficina de Derechos Lingüísticos. La tensión actual se hace patente en la gran cantidad de mensajes públicos en favor de la reclamación de la OCB, que incluyen a cargos públicos, pero sobre todo se explicita en la conversaciones privadas.

"Venga PSIB, todavía estamos a tiempo de asegurar los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes en nuestro país. ¡La sanidad pública y de calidad también pasa por aquí!", escribe Joan Mas Collet, diputado autonómico de Més. "El Govern debe preservar todos los derechos que están avalados por la legislación vigente. Los derechos lingüísticos de los catalanoparlanetes deben garantizarse siempre. Para eso estamos y lo recordaremos las veces que hagan falta», incide en redes el secretario autonómico de Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda.

En los últimos días también se han sumado a la causa otros partidos políticos como El Pi o Més per Menorca. Los regionalistas han hecho público su apoyo a la demanda de la OCB y piden al Govern que rectifique. Por su parte, los ecosoberanistas enfatizan que el Ejecutivo autonómico «debe proteger de verdad los derechos lingüísticos de todos los pacientes de las Illes Balears».

Los recursos de reposición interpuestos por la OCB contra las bases que regulan las convocatorias de concurso-oposición y de concurso extraordinario para la estabilización del personal interino del IB-Salut son muy contundentes y críticos: "Estas bases no se adecuan a la legalidad porque, a diferencia de lo que ocurre con el resto de trabajadores de la administración pública, en el caso del personal sanitario no se aplica la moratoria de dos años para acreditar conocimientos de catalán que establece el Decreto Ley 6/2022, sino que se les concede una exención vitalicia de conocimientos de catalán, discriminatoria para los pacientes, políticamente inexplicable y jurídicamente impugnable".

Pese a pedir una «rectificación urgente de este despropósito» desde el primer momento, la entidad no ha recibido ninguna garantía de que habrá modificaciones, lo que ha llevado a una situación límite en la que «si esta rectificación no se produce, interpondrá un recurso contencioso administrativo contra las bases generales y contra las convocatorias específicas publicadas día 20 de diciembre de todas las categorías en las que se prevea la exención del catalán para acceder a una plaza de funcionario, y pedirá cautelarmente la paralización de todos los procesos selectivos puestos en marcha».

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