Darias asfalta junto a Podemos la aprobación inminente de la ley que blindará la sanidad pública

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, salvó con mucho apuro la devolución del proyecto de ley para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que así se llama. En el Congreso, tuvo que negociar a varias bandas para lograrlo y tuvo que comprometerse a una serie de acuerdos. Ninguna negociación sale barata en la Cámara Baja. Esto ocurrió a finales de septiembre de 2022.

Desde entonces, el proyecto ha estado guardado en la Comisión de Sanidad. Era lógico que cayera en un rincón, fuera de los focos. En aquel momento había tal saturación de leyes en tramitación que el Gobierno dejó el texto debajo de un montón de normas, los nuevos presupuestos entre ellas. 

Pero, con el comienzo del nuevo año, el Ministerio de Sanidad recuperó el documento y recopiló las peticiones y reclamaciones de los grupos parlamentarios. Recogió las de uno, especialmente. 

Unidas Podemos amagó en septiembre de 2022 con votar a favor de las enmiendas a la totalidad que registraron PDeCAT, JxCat, PP, Cs, Vox… Los votos aquí de los morados, junto a los de ERC, hubieran tumbado la ley, que es por cierto la ley estrella de Carolina Darias, designada candidata socialista a la Alcaldía de Las Palmas. Finalmente, el grupo que dirige Pablo Echenique apoyó la tramitación, al igual que ERC, PDeCAT y JxCat, y lo hizo porque la dirigente canaria habló con todos y les dijo: cuando llegue el momento, el de las enmiendas, atenderemos vuestras demandas.

Atender no es aceptar. Es negociar. Eso están haciendo la ministra y su equipo, informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA,  del grupo Prensa Ibérica, fuentes parlamentarias. “Se está portando”, afirma una de las fuentes consultadas. “Vamos de la mano”, asegura otra, en alusión a PSOE y a Unidas Podemos. La sensación común es que el acuerdo global podría materializarse “en las próximas semanas”.

La urgencia es una de las claves. En la Comisión de Sanidad dan por hecho que éste será el asunto que se coloque en el primer lugar de la agenda y del calendario en cuanto se reanude el periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de febrero. Cabe recordar que la norma es una exigencia de la Unión Europea en este contexto de reformas vinculadas a la recepción de los fondos europeos, puntualiza un diputado. 

Si bien es Unidas Podemos el grupo preferente en el estado actual de las negociaciones, la ministra no ha dejado de lado a los habituales aliados. Las fuentes informan que con ERC se está desarrollando un diálogo cada vez más profuso. No ha habido reuniones conjuntas, el Ministerio de Sanidad a un lado de la mesa y los grupos al otro. Lo que ha habido han sido reuniones separadas con el socio de gobierno y con el aliado parlamentario primordial. 

La conclusión de las fuentes es que gracias a las conversaciones impulsadas por Darias la situación de la ley es más halagüeña. Con todo, el acuerdo “va a costar”.

El escollo de Podemos

La más importante discrepancia entre los socios de gobierno radica en el punto uno del artículo primero del proyecto, que cambia la vigente Ley General de Sanidad, de 1986. Las fuentes sitúan el conflicto en la derogación total o parcial del articulado actual. Mientras los “morados” bregan por la anulación completa, el Gobierno plantea bajar un escalón. Tal y como apunta una de las fuentes implicadas en la negociación, la cuestión es complicar todo lo posible las vías de privatización.

Para entender de qué están hablando, mejor recuperar la redacción de la llamada “ley Darias”, que fundamentalmente pretende dar prioridad a la sanidad pública y relegar a la privada. Para ello, aboga por añadir un precepto en el que se consagraría la gestión “directa” de las estructuras y servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud por parte de la administración competente, por parte de “entidades” pertenecientes al “sector público institucional” a escalas estatal, autonómica y local, o bien a través de “consorcios” creados por esas dos esferas.

Pero acto seguido el Gobierno abre la puerta a excepciones, y esto es lo que enfada a Unidas Podemos. “De forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud”, la administración podrá recurrir a conciertos o a externalizaciones, si bien bajo condiciones que establecerá el Consejo Interterritorial (Ministerio y comunidades autónomas).

A criterio de la dirección de Unidas Podemos, no se trazan límites reales a la privatización. Por ello, en septiembre, propuso correcciones. Escribió, de hecho, una serie de enmiendas, que, si bien no ha registrado formalmente, pues esa fase parlamentaria aún no se ha inaugurado, le están sirviendo para negociar ya con el Ministerio de Sanidad. Propone el equipo de Echenique que “sólo circunstancias imprevistas y extraordinarias, que requieran una atención con carácter de urgencia, y que no puedan ser atendidas por los servicios propios" permitan la excepcionalidad.

En todo caso, la derivación durará un año, como mucho, y no podrá afectar a servicios considerados estructurales, como hospitales, centros de asistencia ambulatoria o los centros de atención primaria.

Los escollos de ERC y otras formaciones

En el debate de totalidad de septiembre, ese que Darias salvó tras tirar muchísimo de tenacidad y flexibilidad, y por supuesto, de teléfono, los representantes de EH Bildu, PNV, PDeCAT, JxCat y ERC retrataron el otro gran rasgo conflictivo de la ley: la invasión competencial.

El diputado del Partido Nacionalista Vasco Joseba Agirretxea dijo entonces que su formación claro que apoyaba la perfilación de “indicadores, pautas y términos para los conciertos”, pero siempre y cuando los autores fueran las comunidades autónomas. De paso, solicitó otras cuestiones: “La universalidad del acceso a la protección de la salud y a la atención sanitaria con la tarjeta sanitaria individual” y “suprimir la necesidad del reconocimiento expreso por parte de las autoridades estatales de la condición de asegurado”. Terminó la intervención con una advertencia: “Usted ha adquirido, señora ministra, un compromiso de llegar a un acuerdo y nosotros le tomamos la palabra”.

Lo mismo hicieron PDeCAT, ERC y JxCat, cuyos representantes, Concep Cañadell, Xavier Eritja y Miriam Nogueras, respectivamente, salieron en tromba a defender el modelo catalán, basado en servicios públicos con concertación. Los tres coincidieron en la denuncia de la intromisión competencial, una línea roja. Eritja lo tildó de “exceso regulatorio”, aunque aprovechó la ocasión para exigir más financiación de la administración central.

Cañadell, el 22 de septiembre de 2022, avanzó el compromiso de la ministra para, dentro de la futura norma, “blindar” el sistema de Cataluña. 

Otras leyes "urgentes"

Así que la llamada “ley Darias”, su previsible colofón como ministra, ya que en unos meses abandonará la Cartera para aspirar a la Alcaldía de Las Palmas, se ha convertido, contra pronóstico en gran medida, en una pieza más de ese puzzle de leyes que el Gobierno quiere aprobar cuanto antes.

Se une, por tanto, a la derogación de la ‘ley mordaza’, sobre lo que podría haber novedades el próximo porque la Comisión de Interior se dispone a aprobar el informe de la ponencia. De cuajar el acuerdo, es probable que sea un pacto a la baja. Habrían quedado fuera artículos sobre qué infracción dar a las faltas de respeto a los agentes o a los actos de desobediencia y/o resistencia a la autoridad.

Pero eso está por ver. Hasta el paso de la norma por el pleno hay margen para que las posiciones de PSOE, por un lado, y de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, por otro, se concilien. Quedan dos semanas, como mínimo.

La ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que analizará el informe de la nueva ley de vivienda dará sus primeros pasos durante los próximos días, al igual que la que supervisará la reforma del artículo 49 de la Constitución, en el que todavía figura el término “disminuidos”. La idea es acabar con esta antediluviana palabra y que figure “personas con discapacidad”.

Recientemente, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y el ministro Félix Bolaños se reunieron para desatascar esta norma, que lleva casi año y medio detenida. No avanzaban los dos partidos esenciales para la reforma constitucional (es preceptivo el voto a favor de 210 diputados) porque los populares no se fiaban de que el trámite impidiera otros retoques en la Norma. Parece que los temores se han disipado, y como apuntan fuentes parlamentarias, en breve se formará la ponencia en el seno de la Comisión Constitucional. “El procedimiento será rápido”, añaden.