Juicio en el TSJC

El beneficiario de los contratos de Laura Borràs negocia con la fiscalía inculpar a la presidenta de Junts

Isaías Herrero, ya condenado por tráfico de drogas, intenta evadir de nuevo el ingreso en prisión y podría señalar a la dirigente independentista como la persona que le indicó que debía fraccionar los contratos

La presidenta de Junts, Laura Borràs.

La presidenta de Junts, Laura Borràs. / Ferran Nadeu

J. G. Albalat

Isaías Herrero, el informático y amigo de Laura Borràs, está negociando con la fiscalía la posibilidad de inculpar a la presidenta de Junts en el juicio que comenzará esta semana en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el fraccionamiento de contratos cuando la líder dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, según han confirmado a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes conocedoras del caso. La abogada de Herrero se entrevistó el pasado viernes con una de las fiscales que se encargará de celebrar el juicio, pero el pacto, al final, no quedó cerrado. Todo dependerá de cómo se desarrollen las cuestiones previas que se plantearán este viernes durante la primera sesión de la vista.

Este escenario abre la posibilidad de que Herrero, que fue condenado por tráfico de drogas a cinco años y tres meses, puede beneficiarse de una petición menor de pena por parte de la fiscalía. Pero, para ello, deberá confesar en el juicio que el fraccionamiento de los contratos fue idea de Borràs, que fue quien, en realidad, le dio las indicaciones para que lo hiciera. La modificación del escrito de acusación y, por lo tanto, de la solicitud de una condena menor se podría realizar en las cuestiones previas, situación que las fuentes consultadas no consideran probable, o en las conclusiones finales, cuando el informático ya hubiera declarado ante el tribunal e inculpara de forma clara a la que fuera su amiga.

Ese cambio supondría un golpe a la presidenta de Junts, pues la culpa de las presuntas irregularidades en la contratación recaería sobre ella. La fiscalía pide para Herrero la misma condena que solicita para Borràs: seis años de cárcel por falsedad documental y 21 años de inhabilitación para ocupar un cargo público y una multa de 72.000 euros (de 144.000 euros para ella). Pero, por ahora, todo está en el aire. Para el tercer imputado, Andreu Pujol, que participó en esas adjudicaciones, la acusación pública solicita tres años de cárcel, multa e inhabilitación.

El segundo pacto

La maniobra de Herrero va encaminada a evitar ingresar en prisión. La condena de cinco años y tres meses de prisión por tráfico de droga le fue suspendida si no volvía a delinquir y tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para confesar. Los hechos de los que ahora se le acusa son anteriores y si el TSJC le impone una pena mínima por el 'caso Borrás', el informático podría evitar de nuevo la cárcel. Este es el segundo imputado en la causa que busca llegar a un acuerdo para ser exculpado tras implicar directamente a Borrás.

En el escrito de acusación, las fiscalas Assumpta Pujol y Teresa Duerto relatan que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero, con quien había mantenido relaciones profesionales previas en la universidad y en un grupo de investigación. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios informáticos se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA), incide la acusación.

"De manera recurrente", la dirigente de Junts, en calidad de directora de la ILC, otorgó un total de 18 contratos a Herrero, "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas". El propósito, según la fiscalía, era "vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente", siendo conscientes de que con "su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa" e impedían que "la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona". El importe de esos servicios informáticos encargados a Herrero entre el 2013 y 2017 asciende a 277.438,17 euros (336.700,29 euros con IVA).