El Gobierno andaluz cambia los contratos sanitarios tras usar una vía de emergencias derogada

El Gobierno andaluz cambiará el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para centralizar todas las compras sanitarias a partir de junio. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, tras celebrarse el habitual Consejo de Gobierno de los martes. El nuevo sistema de compras se acelera después de que haya trascendido que la Consejería de Salud estuvo utilizando para sus contratos sanitarios un decreto covid que permite la vía de emergencias y menos controles, pese a que ese marco estatal fue derogado en mayo de 2021 y en Andalucía se tumbó hace un año, tal y como avanzó ‘El Diario.es’.

La Consejería de Salud se ha convertido en el epicentro de los problemas del Ejecutivo de la mayoría absoluta del PP en Andalucía. El Gobierno defendió que todos esos contratos se hicieron “dentro de la ley”, conforme a la ley de contratos del sector público, contaron con “el aval” del gabinete jurídico y fueron fiscalizados por la Intervención de la Junta y, en los casos en que fueron requeridos, por el Tribunal de Cuentas. “No hubo discrecionalidad”, defendió el portavoz del Gobierno. “Todos los contratos están colgados en el Portal de Transparencia”, señaló el Ejecutivo autonómico.

La normativa aprobada durante la pandemia habilitaba al Servicio Andaluz de Salud a acelerar los contratos sanitarios, para la compra de bienes y suministros, en momentos de tensión por el covid. El abuso de la puerta trasera para la vía de emergencia finalizó en marzo de 2022 por mandato de la Consejería de Hacienda, que entonces dirigía Juan Bravo, actual vicesecretario de Economía del PP, que dio una instrucción explícita al respecto. El Parlamento convalidó esa derogación en mayo de 2022, aunque el marco estatal que permitía los contratos de emergencias llevaba ya un año fuera de juego, se anuló en mayo de 2021.

La normativa andaluza se derogó de forma parcial, al entenderse que “en la situación sanitaria actual” habían “dejado de concurrir las razones que en un momento hicieron necesaria la aprobación de las medidas excepcionales establecidas”. Aunque se dejó una rendija, según figuraba en la referencia del Consejo de Gobierno, señalándose que ese mecanismo extraordinario seguía siendo “legítimo” aplicando la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la ley de contratos del sector público (9/2017).

Una vía urgente ya derogada

Cuando se derogó esa normativa covid, el Gobierno se enfrentaba a una oposición que preguntaba sobre por qué se habían dado 21.668 contratos de emergencia a dedo por valor de 1.600 millones de euros entre 2020 y 2022. La respuesta fue tumbar ese marco legal y garantizar que se volvía a la vía ordinaria de contrataciones del sector público, con transparencia y concurrencia competitiva. Pero no ocurrió así en todos los casos. Salud siguió utilizando esa puerta de atrás para continuar prorrogando, entre otros, contratos con clínicas privadas para derivar pacientes en listas de espera. Hasta 117 millones se adjudicaron apelando a una norma ya derogada, según figura en el Portal de la Transparencia. El acuerdo de emergencias tenía la firma del entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, hoy viceconsejero de Salud. La actual titular de la cartera, Catalina García, era entonces viceconsejera y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el máximo responsable del área durante la pandemia.

Hasta junio de 2023, cuando cambie definitivamente el actual sistema de contratación, se habrán adjudicado por parte del Servicio Andaluz de Salud un total de 243 millones de euros con ese mecanismo. La Junta actualizó los contratos colgados en el Portal de la Transparencia una vez que ‘El Diario.es’ apuntó en sus informaciones a Salud. El portavoz del Ejecutivo anunció que se pasará a un sistema centralizado, para aprovechar la economía de escala, que deje atrás el actual modelo por provincias y por hospitales, y que se dotará todo de “máxima transparencia”.

La oposición, al ataque

El PSOE baraja acudir a los tribunales para denunciar estas prórrogas de contratos al entender que existe “un fraude de ley”. El principal partido de la oposición ha emprendido una ofensiva política y jurídica y no descarta pedir la intervención de la Fiscalía, aunque insiste en que está “estudiando toda la documentación”. “Es un sistema opaco, falto de transparencia y de concurrencia pública para financiar a la sanidad privada”, señalaron los socialistas. Otros partidos de izquierda como Por Andalucía y Adelante Andalucía también pedirán explicaciones al Gobierno, que se limita a señalar que todo es fruto de "la excitación" por el periodo electoral y que no hay nada ilegal. "Ojalá vayan a la Fiscalía", aseguran desde el Ejecutivo andaluz, convencidos de que se archivará y acabará la polémica.

No es el único frente abierto que tiene el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, con la sanidad. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF tienen convocadas protestas los días 16 y 25 de marzo, contra la Junta de Andalucía. El pacto de concertación suscrito este lunes con sindicatos y patronal, que moviliza 9.000 millones de euros y fija un compromiso de 3.370 millones de euros para mejorar la atención primaria, obliga a una modificación de la polémica orden que fija las tarifas para conciertos con la sanidad privada. Una orden que abre por vez primera la puerta a extender ese modelo de conciertos con la sanidad privada a la atención primaria y que además permite a las aseguradoras usar las instalaciones públicas del Servicio Andaluz de Salud.

En el pacto que sella la paz social, los sindicatos UGT y CCOO han arrancado el compromiso del Gobierno de cambiar la normativa para acotar a casos muy excepcionales el uso de conciertos con la privada y para dar marcha atrás en el uso de hospitales y consultas públicas por parte de facultativos de la privada. Ya se ha modificado una vez esa orden de precios y se hará de nuevo “si es necesario”, señaló en su comparecencia pública el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que enmarcó todos los cambios en un gran acuerdo por la atención primaria, que podría incluso requerir un nuevo decreto por encima de la controvertida orden. El Gobierno aseguró que se hará todo lo necesario para “tranquilizar” y “dar seguridad” a los sindicatos, que volvieron a dejar muy claro que las protestas sanitarias se secundarán y siguen en pie hasta que no se cambie la normativa que fija conciertos con la privada. "No hay ningún cheque en blanco", avisó la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López.