CASO DESALADORA DE ESCOMBRERAS

La jueza abre juicio oral contra Valcárcel y el fiscal pide 11 años y medio de cárcel

El expresidente de la Región se sentará en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación en el caso de la desaladora de Escombreras

Ramón Luis Valcárcel.

Ramón Luis Valcárcel. / ISRAEL SANCHEZ

EFE

El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel se sentará en el banquillo y tendrá que hacer frente a una fianza de 74,1 millones de euros por los perjuicios económicos que ha causado a la Administración la desaladora de Escombreras.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 que ha investigado la implicación del expresidente en los contratos para la construcción y la financiación de la planta propiedad del grupo ACS ha ordenado la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Murcia será el órgano competente para señalar la fecha del juicio, de acuerdo con la pena solicitada.

El fiscal pide once años y medio de cárcel y veinte de inhabilitación para el exjefe del Ejecutivo Regional, al que considera máximo responsables de los contratos con cláusulas «leoninas» que fueron suscritos por el Ente Público del Agua (EPA) para garantizar un suministro de caudales ficticios a los 26 municipios de la Región que firmaron convenios para recibir el agua desalada, dado que el volumen comprometido duplicaba la capacidad de producción de la planta y no había red de suministro.

A su vez, la acusación popular, representada por el abogado Diego de Ramón, reclama 13 años de cárcel para el expresidente, además de 15 años de inhabilitación. La jueza que ha instruido la pieza separada del caso La Sal había dado ya por concluida la investigación en la causa contra Valcárcel paralela a la que ha seguido el Juzgado de Instrucción número 5 contra el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, una veintena de exaltos cargos de la Comunidad, ejecutivos de las filiales de ACS y asesores legales que participaron en el diseño de la ingeniería jurídica que obliga a la Comunidad Autónoma a pagar más de 600 millones de euros en 25 años por el arrendamiento de la planta.

Condiciones leoninas

La factura de la desaladora que la Administración regional debe pagar este año a la empresa Hydro Management, propietaria de la planta, supera los 32 millones de euros. La magistrada considera a Valcárcel el impulsor del proyecto, que se puso en marcha «sin la existencia de informes técnicos ni de la fiscalización económica necesaria». El fiscal, que había recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial y evitó así el carpetazo inicial, precisa que «el agua prometida a los ayuntamientos por parte del EPA en concepto de abastecimientos en alta sumaba 48 hectómetros cúbicos en 2010, una cifra muy superior a la capacidad de la desaladora», cuya máxima capacidad ronda los 23 hectómetros cúbicos.

Sin embargo, precisa que los municipios adheridos no necesitaban aumentar sus caudales. La Comunidad, que está personada en la causa, pide una fianza de 74,1 millones a Valcárcel, a la que se ha sumado el fiscal. Según indica en su calificación, esta cantidad corresponde a « la diferencia entre el coste de proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones».

Los 74,1 millones representan «el perjuicio que supuso aceptar a sabiendas un modelo adquisitivo y de ejecución del suministro que implicaba un sobrecoste ilícito». El auto añade que «el acusado tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado», dado que la causa está ligada al caso La Sal.

El fiscal sostiene que Valcárcel conocía el entramado de contratos impuesto por las empresas del grupo ACS a la Comunidad para cargar a las arcas regionales el coste de la planta y la financiación de las obras a través de la compra de la empresa titular del contrato de alquiler, diseñado por los asesores del grupo de Florentino Pérez. Responsabiliza al expresidente de haber aceptado «todas las cláusulas contractuales impuestas por la parte privada» aunque algunas «pudieran tildarse de leoninas, asimétricas y con falta de reciprocidad», mientras que impedía «cualquier intento de obtener informes» por parte de la Intervención de la Comunidad y de «analizar otras alternativas legales y más económicas».

Los papeles hallados en los registros desvelan el diseño de los contratos

El fiscal fundamenta sus acusaciones contra el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel en la pieza separada del caso La Sal en la información obtenida por la UDEF durante los registros realizados en los despachos de los accionistas de la desaladora de Escombreras y de los asesores legales que participaron en «el diseño pactado de la ilícita operativa y connivencia entre la Comunidad Autónoma y la parte privada».

Alude en concreto a un documento hallado en el despacho del empresario José Caballero Sevilla, en el que «se incautó un documento llamado ‘borrador del acuerdo marco de colaboración para el proyecto de desarrollo de la planta desaladora ‘, en el que se habla del alquiler de instalaciones, contrato de suministro de agua por la modalidad Take or Pay o la compra del 51% del capital social» de la sociedad Desaladora de Escombreras, titular del contrato de arrendamiento.

La documentación confirma que la planta «cubría con sus ingresos de explotación únicamente en torno a un 60% de sus gastos de operación y mantenimiento. Eso es lo que ha provocado que la Región de Murcia, en parte a través del ICO y de los Fondos de Liquidez Autonómica, haya tenido que dotar financieramente» a la empresa Desaladora de Escombreras» para evitar que perdiera la titularidad del contrato.

El registro en el despacho del exasesor legal del Ente Público del Agua (EPA) Andrés Arnaldos permitió acceder a los correos electrónicos entre los responsables de este órgano creado para gestionar el agua desalada, en los que se ponía de manifiesto la negativa de la entonces consejera de Hacienda, Inmaculada García, y de la directora general de Presupuestos, Isabel Martínez Conesa, a firmar el aval o ‘confort letter’ que permitió a la empresa promotora de la planta conseguir un crédito del Banesto para la obra. Para salvar este obstáculo se autorizó a avalar al EPA mediante una reforma legal con el fin de evitar que Valcárcel tuviera que autorizar la ‘confort letter’.

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Ramón Luis Valcárcel, que será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos, es el segundo presidente del Gobierno regional y del PP murciano que se sentará en el banquillo. El primero fue Pedro Antonio Sánchez, que ha sido condenado a una pena de tres años de cárcel por el caso Auditorio.

Valcárcel ha eludido hacer declaraciones en este momento. Por otra parte, la condena a Pedro Antonio Sánchez, que había sido alcalde de Puerto Lumbreras, está motivada por la contratación del proyecto del auditorio municipal de forma verbal al arquitecto Martín Lejarraga, que fue entregado al Ayuntamiento sin llegar a terminarse. Sánchez, que había sido absuelto con anterioridad en otros procesos judiciales, tiene pendiente todavía otra causa de su etapa de alcalde por el llamado caso Guardería.