La jueza del 'caso Cuarteles' amplía la imputación a los cuatro investigados y les acusa también de cohecho

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, ha decidido ampliar con cohecho los delitos que hasta el momento atribuía de forma indiciaria a los cuatro investigados en el 'caso Cuarteles', que eran los de falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos. Así consta en un auto de 5 de mayo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La resolución recuerda que, "por el momento", los investigados son el teniente general de la Guardia Civil retirado Pedro Vázquez Jarava; el teniente coronel Carlos Alonso; el constructor Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el alias de 'Mon'; y un pintor autónomo por presunta corrupción en las obras realizadas por un empresario canario en 13 comandancias de la Guardia Civil de toda España. El asunto, que afecta a un total 193 obras por las que las empresas investigadas facturaron 3,3 millones de euros.

Los informes previos de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, cuyo contenido ya adelantó EPE, ya atribuían a Vázquez Jarava los mencionados delitos, pero también tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

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Jurado popular

La magistrada toma esta decisión después de recibir el pasado 26 de abril un escrito de la Fiscalía de Madrid en el que se especificaba que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos mencionados, y que por tanto la causa debía ser transformada para que si acaban procesados los cuatro investigados sean juzgados por un tribunal o jurado popular.

El Ministerio Público relevó hace unas semanas a la encargada de las pesquisas, que han pasado a la sección especializada en Asuntos Económicos. Ahora es la fiscal Virna María Alonso Fernández, decana de la Sección de Asuntos Económicos de la Fiscalía de Madrid, quien se ocupe de la causa, en la que se analizan presuntos delitos de corrupción económica.

La resolución recuerda que la Ley del Tribunal del Jurado establece que en cuanto se determine que los hechos investigados puedan constituir delitos como el cohecho y la malversación se debe incoar un procedimiento para que los procesados sean juzgados por un jurado popular. Por eso, en virtud del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la jueza Durántez cita el 17 de mayo a todos los investigados, que deberán ir acompañados de sus abogados, para que comparezcan en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.

Declaración de Alonso

La magistrada también mantiene para el día 17 de mayo la declaración como investigado del teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso, quien había reclamado su comparecencia de forma voluntaria.

En este caso, otros de los investigados, el empresario canario Tejera de León, señaló directamente ante Asuntos Internos al teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso como el responsable de adjudicarle “directamente” las obras en 24 cuarteles de Ávila. A su vez, este último responsabilizó de las adjudicaciones al teniente general Vázquez Jarava.