TRIBUNALES

Un testigo del caso Taula: "El diputado de Imelsa nos pidió llorando que le ayudáramos a salir del lío"

Un testigo del juicio del caso por el amaño del call center señala que Servimun incurrió en "incumplimiento culpable" al ignorar las advertencias de fallos en el servicio

Rus, Benavent y los dos funcionarios de la Diputación de València, en el primer día del juicio.

Rus, Benavent y los dos funcionarios de la Diputación de València, en el primer día del juicio. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

Laura Ballester

Los testigos del juicio del caso Taula por el presunto amaño del call center tributario de la Diputación de Valencia siguen desmontando el expediente perfecto que algunos acusados defendieron durante su declaración en el juicio. 

Un técnico jurídico en materia de contratación del departamento jurídico de Imelsa, J. L. P., declaró ayer como testigo que Servimun, la empresa adjudicataria del call center, incurrió en un "incumplimiento culpable. Servimun hacía caso omiso a los requerimientos de Imelsa sobre detalles del pliego y de su oferta que eran obligaciones esenciales del contrato. Todo esto era con conocimiento y a sabiendas de la propia Imelsa y del servicio de gestión tributaria, en perjuicio del interés general y de los fondos públicos que manejaba Imelsa", aseguró en respuesta al Fiscal Anticorrupción del caso Taula.

Estos incumplimientos del contrato con Imelsa por parte de Servimun "conllevan la rescisión del contrato" al incumplir elementos de carácter esencial como "la falta de formación de los trabajadores, los 22 agentes que se comprometieron a contratar pero que solo fueron 8+1, no se acreditaron las 109.000 horas de trabajo prometidas, sólo 33.000 horas. Se dejaron 95.000 llamadas sin atender".

El técnico jurídico explicó que la segunda responsable del contrato de Servimun y de recursos humanos de Imelsa, María Escrihuela, le trasladó que había comunicado al gerente de Imelsa (Marcos Benavent) y al servicio de gestión tributaria el incumplimiento del contrato y la cesión ilegal de trabajadores, lo que suponía la posible resolución del contrato». De hecho, incluso le anunció que "pensaba denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación amañada del contrato por Marcos Benavent, su suegro y una persona de Servimun. Me enseñó muchísima documentación que ella recibía de la empresa adjudicataria. En los estadillos se veían todas las llamadas y era un incumplimiento de libro".

Pero el contrato no se resolvió y Escrihuela renunció a ser responsable del contrato por "motivos personales". El testigo explicó que "ni Marcos Benavent ni Rafael Pérez [el diputado de empresas, Imelsa entre ellas] quisieron resolver este contrato. Pérez incluso entró un día en nuestro despacho y se puso a llorar pidiendo que le ayudáramos a salir de este lío, porque no tenía ni idea del incumplimiento. Que lo habían liado y que le ayudásemos, porque no le dejaban resolverlo desde Presidencia" de la Diputación de Valencia.

En la jornada de ayer también declararon tres teleoperadoras de Servimun. Las tres confirmaron que no recibieron ningún tipo de formación tributaria previa, apenas unas charlas que duraron "tres o cuatro días". Sólo una trabajó un sábado durante todo el periodo que duró su contrato, lo que confirma otro incumplimiento del contrato por parte de Servimun.

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