COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA COALICIÓN
PSOE y Sumar pactan crear un grupo de trabajo para impulsar un plan conjunto de "regeneración democrática"
Los socios acuerdan reunirse cada dos meses para dar continuidad a su acuerdo de Gobierno

Los equipos negociadores de PSOE y Sumar durante la reunión este jueves en el Congreso de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición. / Eduardo Parra
Los socios del Gobierno coalición, PSOE y Sumar, han pactado la creación de un grupo de trabajo para promover un plan conjunto de "regeneración democrática". El acuerdo es fruto de la reunión mantenida entre los equipos negociadores de ambos partidos en el marco de la comisión de seguimiento del pacto de coalición. Un encuentro que, según fuentes de ambos partidos, ha servido para "constatar la buena salud de la coalición" e "impulsar el cumplimiento del acuerdo del Gobierno progresista de coalición, especialmente de las medidas sociales ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024".
Los negociadores han acordado asimismo darle una periodicidad a estos encuentros, que se celebrarán cada dos meses "para seguir coordinando e impulsando la acción de Gobierno". Esta reunión, la primera que se produce desde la formación del Gobierno, se ha producido tres meses después de que Yolanda Díaz la reclamase formalmente, sin que su petición haya sido atendida hasta el momento.
Por parte de los socialistas asistirán al encuentro la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la portavoz del partido Esther Peña, y de la parte de Sumar irán el ministro de Cultura y portavoz, Ernest Urtasun, la jefa de Gabinete de Yolanda Díaz, Virginia Uzal, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya puso sobre la mesa este debate tras amagar con dimitir y la intención de Moncloa es comenzar a presentar estas medidas después de las elecciones europeas. Desde Sumar han reclamado rebajar el sistema de mayorías para forzar la renovación del CGPJ sin el PP y reformar la ley de seguridad ciudadana, comúnmente conocida como ley mordaza.
El resto del paquete tiene que ver con la lucha contra la desinformación y las iniciativas encaminadas a “democratizar” el sistema judicial. La reforma de la ley del poder judicial es la parte más polémica de este anunciado paquete. Desde la parte socialista del Ejecutivo apuntan a que esperarán primero a lo que diga la Comisión Europea, pues está ejerciendo las labores de mediación. El plazo que ponen para tomar la iniciativa es el mes de junio, “cuando termine el mandato de la Comisión”, según fuentes de Moncloa. Entienden que mantener el bloqueo es “insostenible” y están determinados en hacer cambios porque “si el PP no acuerda ahora, tampoco lo va a hacer en el resto de la legislatura”.
Ambas formaciones se ha ratificado en la decisión de reconocer lo antes posible el Estado palestino por parte de España e impulsar las medidas necesarias para el fin de la barbarie cometida en Gaza. Está previsto dar este paso en el Consejo de Ministros del próximo martes, conjuntamente con Irlanda, Malta y Eslovenia.
Renovación del CGPJ
La Comisión Europea ya rechazó la propuesta de rebajar las mayorías parlamentarias y el Gobierno tanteará con Bruselas los movimientos que pueda hacer en esta línea. Fuentes del Ejecutivo explican que hablarán con Bruselas y que escucharán su parecer. Eso sí, de forma consultiva porque, avisan, “quien tiene capacidad de aprobarlo es el Congreso, esto es así”. Ni Pedro Sánchez ni ningún ministro socialista cierra la puerta a cambiar el sistema de mayorías para que la renovación de los vocales pueda producirse mediante mayoría simple del Congreso, en lugar de con tres quintos como establece ahora la ley.
Sobre la lucha contra la desinformación, en Moncloa ponen como referente para las iniciativas que puedan tomar la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación que acaba de entrar en vigor. Entre otras cuestiones, obliga a declarar la propiedad de los medios.
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