Tribunales

Los jueces pueden amnistiar por el 'procés' incluso a los que no lo pidan

Los juristas pronostican un futuro incierto a las demandas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Una imagen del juicio del 'procés'.

Una imagen del juicio del 'procés'. / EMILIO NARANJO

¿Pueden ser amnistiados los dirigentes independentistas, manifestantes o los policías que piden que no se les aplique la ley? Según las fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario, para ser amnistiado no es necesaria una petición previa, como es el caso de los indultos, que sí se requiere de la misma por parte del propio beneficiario o de un tercero. El olvido penal se aplica a los hechos probados en sentencia o a los que se investigan, dejando sin efecto las causas judiciales y exonerando las responsabilidades para los implicados. En cambio, los indultos, que son otorgados por el Gobierno, afectan a las penas impuestas y no a los acontecimientos que llevan a la condena.

En este sentido, la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados que entró en vigor el 11 de junio señala que la aplicación de esta medida sobre "actos tipificados como delitos" (es decir hechos, no personas) le corresponde a los órganos judiciales "de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal, y en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes". Este precepto significa, según los juristas, que es el juez o el tribunal quien puede de oficio acordar si las actuaciones son amnistiables. "Es una medida ajena a la voluntad del interesado", afirma un experto en esta materia, ante la lista de investigados o condenados que rechazan que se les aplique, como los exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; el exvicepresidente del Parlament y exdiputado de Junts, Josep Costa; y el manifestante que perdió la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma de los policías que cargaron, Roger Español, que, al tiempo, está acusado de atentado a la autoridad por lanzar una valla a los agentes.

Carácter preferente y urgente

La amnistía se puede aplicar no solo sobre una condena, sino también en la fase de juicio o durante la instrucción del caso. La ley precisa que "la aplicación de la amnistía a cada caso corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley, quienes adoptarán, con carácter preferente y urgente, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable en que se trate". De ahí, que no solo haya peticiones sobre sentencias firmes o recurridas, sino también sobre causas que todavía están en investigación y no se ha llegado a ninguna conclusión. 

En el supuesto de que la amnistía sea solicitada por alguno de los investigados o condenados, la norma establece unos pasos a seguir: informe del fiscal, de las acusaciones y las defensas y decisión del juez. Pero, por ahora, han sido los magistrados y tribunales quienes han tomado la iniciativa y han dado traslado a las partes personadas en la causa para que informen sobre si es aplicable o no esa medida y después, como ha sucedido, proceder a resolver si se aplica o no. Ese proceso se debe hacer en dos meses.

La justicia europea

Otro debate jurídico que está en el candelero es si la ley de olvido penal afecta o no a las demandas presentadas por los condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los juristas subrayan que el resultado de estos procesos, después de la promulgación de la ley de amnistía, es incierto, pues España, a través de la Abogacía del Estado, puede plantear que sí se ha producido una violación de derechos. Cuestión que el Estado español rechaza, ya que entiende que se habría reparado con la amnistía, que anula las responsabilidades penales de los condenados o encausados.

"La tendencia del TEDH es que la demanda decaiga si se estima que con esta medida se ha reparado", explica una catedrática de Derecho Constitucional a El Periódico de Catalunya, aunque precisa que, a pesar de ello, "el tribunal europeo tiene mucho margen para decidir y en el supuesto catalán es una incógnita lo que pasará". "Es un debate que está abierto porque la respuesta se centra en si se han vulnerado o no derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos", recalca.

El reglamento del tribunal de Estrasburgo, según otras fuentes jurídicas, expone que si el Estado acredita que ha hecho una reparación, la denuncia puede decaer. Sin embargo, no se descarta que la amnistía no se considere como tal y se dicte una sentencia, o que esta sea más bien simbólica.

La Abogacía del Estado todavía no ha planteado ante el TEDH la aplicación de la ley y que esta medida sea considerada una reparación. Los condenados por el ‘procés’ rechazan de plano esta posibilidad porque consideran que la amnistía no reparará nunca el tiempo que han estado en prisión o la inhabilitación que no les ha permitido presentarse a unas elecciones.

En las demandas sobre la sentencia del ‘procés’, la Abogacía del Estado puede argumentar la aplicación de la amnistía hasta el próximo 29 de julio, al habérsele ampliado el plazo. En las interpuestas por algunos condenados, como Jordi Sànchez y el exlíder de ERC, Oriol Junqueras, por violación de los derechos políticos; o el secretario general de Junts, Jordi Turull, por la violación del derecho a la libertad, ese plazo ha concluido y los denunciantes sostienen que España ya no puede hacer alegaciones.

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