Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, amnistiado de prevaricación y malversación

El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha acordado aplicar la amnistía al procedimiento que tenía abierto el jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos en relación con los gastos de un viaje en 2018 a Nueva Caledonia, donde acudió en calidad de observador internacional en una consulta. La fiscalía le reclamaba tres años de cárcel y 17 de inhabilitación De esta manera, los magistrados archivan de la causa y declaran también extinguida la responsabilidad civil, por lo que no abonará a la Generalitat los 4.732 euros que costó el viaje y que fue asumido por la Conselleria de Presidència a cargo del presupuesto de la Oficina del President.

La Audiencia de Barcelona argumenta que este acto estaba vinculado "directa o indirectamente" tanto al "proceso independentista catalán como a los líderes de ese proceso y, por lo tanto, los mismos. En consecuencia, el mismo "tiene encaje" en la ley de amnistía, pues debe aplicarse el perdón las acciones que vinculadas al 'procés' y que "fueron realizados por quien, en aquel momento, de forma manifiesta y constatada, llevaba a cabo funciones de asistencia, colaboración, asesoramiento y representación en cuanto responsable" de la oficina de Puigdemont. Los magistrados incluyen en la amnistía el delito de malversación, al considerar que no existió "propósito de enriquecimiento

Abusando de su condición

La causa se deriva de una querella por presunta malversación que presentó la fiscalía y en la que también estuvo investigada la que era secretaria de la Conselleria de Salut, Meritxell Masó, por haber autorizado los gastos cuando estaba en Presidència, aunque la jueza instructora archivó la causa contra ella. La fiscalía sostenía en su escrito de acusación que Alay contrató en octubre de 2018 el vuelo a Nueva Caledonia "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, "excediéndose en sus funciones" y "apartándose de su obligación de servir a intereses generales propios de la administración pública".

Los gastos fueron autorizados por Masó y, tras su fiscalización por parte de la Intervenció General de la Generalitat, fueron asumidos por Presidència, que pagó el vuelo a la agencia de viajes y el resto de facturas, como peajes y manutención, "directamente" a Alay, quien según la fiscalía consiguió así "un claro beneficio económico particular". Teniendo en cuenta su función como responsable de la Oficina de Puigdemont, al parecer de la acusación pública, cuando Alay reclamó los gastos "lo hizo a sabiendas de que se trataba de viaje personal y ajeno a sus funciones" y que "no existía razón alguna que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública, de la que él mismo tenía el control y la gestión". Esta acción motivó que los gastos del viaje "se abonaran indebidamente a cuenta del erario" de la Generalitat, "con un claro perjuicio económico" para este último.