La España extrapeninsular advierte al presidente Sánchez: "No nos va a enfrentar por la inmigración"

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se han constituido en un frente común contra la "inacción" del Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que lanzaron un aviso a navegantes: "No nos va a enfrentar respecto a la crisis humanitaria de la inmigración". Ese es el mensaje que resume el espíritu de la Cumbre Multilateral de los territorios de la España extrapeninsular que ha organizado el periódico El Día, cabecera de Prensa Ibérica en la provincia tinerfeña, y en el que participaron Marga Prohens, presidenta de Baleares; Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno canario; Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta; y Miguel Marín, vicepresidente primero y consejero de Economía y Comercio del Ejecutivo de Melilla.

"Es un mensaje muy claro de los cuatro territorios: no vamos a caer en la trampa de enfrentarnos entre nosotros. No es un problema que se reduce a un mero reparto de menores ni caeremos en la trampa de solidaridad. Es un problema de capacidad y de recursos necesarios para tratar a los seres humanos con dignidad y, por eso decimos que no a un reparto sin recursos y a deshumanizar a los menores", afirmó Prohens.

En parecidos términos, Domínguez reiteró uno de los principales argumentos usados por el gabinete de coalición (CC-PP) que preside el nacionalista Fernando Clavijo, como es que "el presidente Sánchez usa la inmigración como arma arrojadiza para enfrentar a la ciudadanía, a las comunidades autónomas, a los partidos políticos y romper el pacto en Canarias, pero no lo va a conseguir". 

"Los recursos para acoger menores están tensionados en los cuatro territorios y es necesaria una reforma estructural del sistema de acogida de menores porque no es un fenómeno de unos días y ha venido para quedarse, por eso todas las regiones están desbordadas", argumentó Gaitán. "El Gobierno de España debe tener una implicación, tomárselo en serio y haber declarado la emergencia migratoria hace tiempo, pero nos ha dejado solos y desatendidos", remachó Marín.

Asimismo, Baleares, Ceuta y Melilla se adhirieron a la propuesta de Canarias de "estudiar" la posibilidad que plantea el artículo 35.2 de la vigente ley de extranjería de "crear centros de menores en los países de origen, tutelados por cada autonomía", como reiteró Domínguez. Un planteamiento que, recalcó, no tiene nada que ver con la externalización de inmigrantes a terceros países que lleva a cabo el gobierno de la italiana Giorgia Meloni.

"Hay que estudiar todo, incluida la mano tendida que ha planteado la UE de acoger menores inmigrantes si así lo pide el Gobierno de España", aseguró Prohens, mientras que el representante de Melilla puso el énfasis en que "hay que hacer un seguimiento de esos acuerdos con otros países, porque de nada sirve dar dinero sin comprobar que se está cumpliendo lo acordado".

Como recordará, la ley de extranjería posibilita que "las comunidades autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos".

Todos los participantes en el foro multirateral sobre 'El reto migratorio en la España extrapeninsular' agradecieron tanto a EL DÍA como al Grupo Satocan y a Effico Servicios, que patrocinaron el evento, que "por primera vez se haya creado un espacio de reflexión sosegado", como recordó Prohens, de los cuatro territorios no continentales de España para abordar problemas que les son comunes.

Aunque la crisis migratoria centró gran parte del debate celebrado en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife ante más de un centenar de personas, los cuatro representantes de los gobiernos extrapeninsulares también abordaron los problemas de la conectividad y las repercusiones que se derivan del planteamiento unilateral pactado entre el PSOE y ERC para otorgar un cupo singular a Cataluña al margen del sistema general de financiación.