Clavijo reacciona al plante del PP y busca por su cuenta soluciones para los menores migrantes

La unidad de acción entre los dos socios del Gobierno de Canarias, CC y PP, ante el Ejecutivo central en materia de política migratoria se ha resquebrajado en las últimas semanas como consecuencia de la ruptura de las negociaciones, por parte de la dirección nacional de los populares, sobre la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Lo que en principio parecía una decisión temporal y coyuntural por parte de la cúpula de la calle Génova, en relación con esa negociación en marcha, se ha demostrado con el paso de los días que no parece tener marcha atrás y que forma parte ya de la estrategia de largo alcance del partido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que no le va a brindar la oportunidad de un posible acuerdo en esta materia en plena ofensiva de la UE y de muchos de los países miembros hacia una política migratoria restrictiva, y apostando por la derivación de migrantes a países terceros.

Esta situación ha dejado al otro socio del Ejecutivo canario, y en particular a su líder y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, bregando en solitario ante el Estado por soluciones urgentes y prácticas que supongan un alivio para la situación de los casi 6.000 menores que en estos momentos acoge la comunidad autónoma. El plante del PP a esas negociaciones en marcha ya provocó las primeras críticas de Clavijo a su socio de gobierno, anunciando que intentaría convencerles de que regresaran a la mesa de diálogo, incluso avanzando que con ese objetivo trataría de hablar con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Desde entonces, el PP no ha hecho más que confirmar su rechazo a la negociación, alegando que el Gobierno sigue sin pedir ayuda a la UE y que, por tanto, “no se dan las condiciones para volver a la negociación”, según manifestó el portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, y sin que el presidente de Canarias haya logrado una respuesta personal y directa por parte del propio Feijóo, con el que firmó en septiembre un acuerdo para un plan de acción en materia migratoria que contemplaba la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores entre todos los territorios.

Clavijo intenta ahora sostener en solitario la negociación con el Gobierno central para todo aquello en que considera que puede avanzar, a sabiendas de que la distribución de niños, niñas y adolescentes migrantes no será posible sin un acuerdo previo entre PSOE y PP. A tal efecto mantuvo una reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la que todavía estaba convocado el PP, para intentar acordar un sistema de reparto en relación con la población de cada comunidad, y con un plan de apertura de centros de acogida en cada uno de los territorios. Pese al plante del PP a esa reunión, Clavijo y Torres continuaron con el proceso con la expectativa de que los populares se reincorporaran, apalabrando una nueva reunión para esta semana, que el ministro fechó para este mismo martes e instando a Tellado, durante una intervención en el pleno del Congreso, a que se sumara a ella.

Sin embargo, desde el entorno de Clavijo se niega que se hubiera cerrado una fecha para esta nueva reunión, y que el hecho de que el ministro la “convocara unilateralmente” para el martes para presionar a Tellado ha sido contraproducente. El resultado es que la reunión avanzada por Torres se ha suspendido y con dudas de que haya nuevos contactos si en ellos no participa el PP, según reconocieron este lunes fuentes del ministerio. Para el Gobierno central la pelota sigue estando en el tejado del PP, mientras que los populares insisten en que no volverán a la negociación mientras el Gobierno no pida el despliegue de Frontex en la ruta canaria de la inmigración irregular, y la ayuda de la UE en la gestión migratoria, incluida la derivación de menores no acompañados a los países miembros. El Ejecutivo insiste en que esa ayuda está solicitada, pero el PP lo niega.

De esta forma, Clavijo se ve ahora con una tarea de presión, ante el Ejecutivo central para que “no deje sola a Canarias en la crisis migratoria”, y ante el PP para que regrese a la negociación. Por una parte, aseguró el pasado viernes que otorgaba “quince de plazo” a las otras dos partes para alcanzar un acuerdo sobre el reparto de menores y que, en caso contrario, adoptará “sus propias decisiones”, mientras por otra emprende una negociación específica con el Gobierno central para que el Estado corra con el gasto que le está suponiendo a las arcas autonómicas la acogida de miles de menores.

Contexto europeo

Clavijo tenía prevista para este martes una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que finalmente se ha trasladado al miércoles, pero que en esencia mantiene la expectativa de una mayor implicación del Estado en ese gasto, de 157 millones al año, y no exclusivamente en los 50 millones contemplados en el presupuesto de 2023. Aunque la partida desparecía por no verse afectada por la prórroga presupuestaria, Sánchez se había comprometido a mantenerlos, pero Canarias reclama la totalidad del gasto. Clavijo pareció salir con expectativas de lograr al menos parte de su objetivo tras la entrevista con el presidente en la Moncloa el pasado día 11.

Las tensiones en distintos sentidos en torno a la política migratoria y la crisis en Canarias se agudiza también por el contexto del debate en la UE, donde los últimos días se ha constatado que tanto la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y varios países miembros apuestan por la apertura de centros de migrantes en terceros países, una medida que el PP de Feijóo apoya, pero que se ha visto cuestionada por los tribunales en Italia, uno de los países donde se estaba aplicando. Este alineamiento de los populares españoles con las políticas migratorias más restrictivas, que suponen de facto la liquidación de pacto europeo de Migraciones y Asilo, llevan al Gobierno de Sánchez a considerar que el PP va a competir con Vox en este terreno ideológico y que no va a regresar a la negociación sobre el reparto de menores en España.

Vox amenaza los presupuestos de los barones populares

El PP ha rechazado en distintas ocasiones estar condicionado por Vox en relación a sus posicionamientos en materia migratoria, y que su abandono de las negociaciones sobre el reparto de menores migrantes no acompañados no tiene nada que ver con las amenazadas por parte de la formación ultraderechista de bloquear los presupuestos regionales en las comunidades donde los populares gobiernan sin mayoría absoluta. Pero esta es una de la variables que entran en juego en este proceso en el que el PP ha subido el tono en relación con la política migratoria del Gobierno central y dejado solo a CC y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la búsqueda de una respuesta pactada para la reforma de la ley de extranjería.

Los populares alegan que no admiten “chantajes” de Vox en este sentido y que ya lo demostraron cuando Vox amenazó con abandonar los gobiernos que compartían con el PP en cinco comunidades autónomas: Baleares, Comunidad Valencia, Castilla y León, Extremadura y Aragón, en aquella ocasión por el simple hecho de aceptar la acogida voluntaria de algunos de los 347 menores que la conferencia de Infancia y Adolescencia acordó derivar desde Canarias a otras regiones. Como consecuencia de ello, Vox rompió los acuerdos con el PP y cumplió con su amenaza de salir de esos ejecutivos. Ahora mantiene que las políticas migratorias forman parte nuclear de las condiciones que exigirán a PP para apoyarles los presupuestos regionales en esas comunidades autónomas, y que cualquier participación del partido de Feijóo en un acuerdo estatal para reformar la ley de extranjería supondría el rechazo ultra a esas cuentas autonómicas.

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