Caso Astapa: pena menor para Antonio Barrientos y más de 31 absueltos

El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ha sido condenado a cinco meses y siete días de suspensión de empleo o cargo público por un delito continuado de cohecho pasivo y a una multa de 40.000 euros en el caso Astapa, la macrocausa contra la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona. Barrientos, la cara más visible de un caso que ha durado casi 18 años y que llegó muy optimista a la lectura del fallo del Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, evita así los veinticuatro meses de prisión que la fiscalía pedía para él por un paquete de delitos de falsedad, fraude y malversación, cohecho y prevaricación.

No ha salido contento de la sala. "Me habían condenado al paredón y después de todo lo habido, alguna colleja le tenían que dar al alcalde", ha dicho ante los medios nada más conocer una sentencia que calificó como "una auténtica aberración" y que recurrirá. Ha insistido en que el delito de cohecho pasivo por el que ha sido condenado ha sido "por recibir algún regalo, que ya veremos, por razón de mi cargo, no por haber hecho una actuación injusta".

Ni prevaricación ni malversación

El exregidor ha indicado que sólo estaría contento si hubiera salido absuelto y ha calificado el proceso como "una atrocidad", ya que, en su opinión, la sentencia respalda la tesis de que el Ayuntamiento siempre actuó "en defensa de lo público". "No hay condenadas por prevaricación, por decisiones injustas; ni por malversación, porque no ha habido un perjuicio en las arcas municipales", ha recalcado. Sobre uno de los pilares de la causa, los convenios urbanísticos, ha recordado que no ha habido condenas al respecto, por lo que "fueron legales". Recordó que se llegó a hablar de desfalco, de organización criminal" y que le llegaron a pedir una multa de un millón de euros y más de diez años de prisión. "Diecisiete años para esto es una infamia", ha exclamado muy molesto.

Barrientos ha sido especialmente duro con la Fiscalía, cuyo papel considera que "ha rayado la indecencia" y la falta de rigor total y absoluta": "Es indecente en un Estado de Derecho que esas siete denuncias que puse en la Fiscalía por posibles irregulares que yo pude apreciar jamás fueran tenidas en cuenta, que una de ellas se perdió hasta en tres ocasiones".

Este ha sido el fallo más destacado que se ha dado a conocer este viernes en la Ciudad de la Justicia. La mayoría de los procesados, 31, han sido absueltos, ya sea por no haberse acreditado sus delitos o por haber prescrito. De los 56 acusados que han pasado por banquillo, solo 15 han sido condenados a penas de multas o suspensión de empleo público. Las pocas penas de prisión aplicadas serán conmutables con multas.

Preguntado por si se ha acordado de los compañeros del PSOE que presentaron la denuncia que dio lugar al proceso, Barrientos ha asegurado que "esas personas merecen el desprecio más absoluto por mi parte". "Decía mi abuelo que el mejor desprecio es no hacer aprecio y esas personas no merecen la pena darles ni un segundo más", ha manifestado. Sí ha señalado que "en la primera impresión de la condena no hay nada de lo que ellos denunciaron", aunque ha precisado que tendrá que analizar la sentencia, de 3.000 folios. A la espera de los recursos, el caso Astapa ha quedado así resuelto tras casi dos décadas de una instrucción que suma 55 tomos y alrededor de 15.000 folios en los que se investigó el periodo 2003-2008.

Haciendo un símil les diría que me habían condenado al paredón y después de todo lo habido, alguna colleja le tenían que dar al alcalde

El juicio comenzó a principios de 2023 con casi 50 acusados, entre ellos Barrientos (entonces en el PSOE), otros cargos municipales de la misma formación y del Partido de Estepona (PES), además de empresarios y funcionarios. Los procesados se repartían los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación. Anuladas las escuchas telefónicas nada más comenzar las cuestiones previas, el juicio constó de diez bloques en los que se analizaron supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, financiación ilegal de partidos o el enriquecimiento ilícito de acusados. De las 37 personas que se mantuvieron en el procedimiento (la Sala sobreseyó la causa para dos procesados y la Fiscalía retiró la acusación para nueve personas).